Juez dictó medida de aseguramiento a Héctor Zambrano

El juez 67 de garantías cobijó con medida de aseguramiento en la cárcel La Picota a Héctor Zambrano, exsecretario de Salud de Bogotá, después de que la Fiscalía General le imputara cuatro delitos por presuntamente estar involucrado en el carrusel de la contratación para la prestación de servicios de ambulancias en la capital.
El funcionario judicial dijo que la Fiscalía presentó testimonios que evidencian que el exsecretario recibió dinero para direccionar la licitación del contrato de ambulancias y aseguró que le faltó “moralidad, transparencia y lealtad hacia el Estado”, y que había defraudada la confianza de todos los conciudadanos.
Ante estos hechos, el juez consideró que “es un peligro para la comunidad” y dijo que no había garantías de que no vuelva a cometer los hechos que habría realizado si los hizo cuando era un funcionario público.
“No cumplió con su deber funcional de observar el ordenamiento jurídico en el trámite contractual”, señaló el juez, quien para tomar su decisión se basó, en parte, en el testimonio de Emilio Tapia, Julio Gómez e Inocencio Meléndez exhibidos por la Fiscalía.
La Fiscalía pidió la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, pues consideró que el exfuncionario podría obstruir a la justicia, debido a que todavía en la Secretaría de Salud trabajan funcionarios que estuvieron en el periodo de tiempo en el que estuvo dirigiendo dicha entidad.
Incluso, el ente acusador expresó que el actual Secretario de Salud les había dicho que ha sido dificultoso para ellos llevar a cabo la investigación interna que tenían en relación al desarrollo del contrato de ambulancias.
Para Juan Vicente Valbuena, juez delegado ante la Corte Suprema, “no es difícil pronosticar ante la posible continuación de la investigación que resulte difícil obtener evidencia y que las personas aún le sean leales” a Zambrano.
El ente acusador consideró que los delitos que se le imputan al ex funcionario fueron planeados desde antes y con estos hechos se puso en riesgo “la salud de cada uno de los ciudadanos”. Además, cree que existe posibilidad de que Zambrano no comparezca ante la justicia y que salga del país.
No obstante, el representante del ministerio público no estuvo de acuerdo con estos argumentos y consideró que no fueron “adecuadamente justificados” por parte de la Fiscalía. El juez al momento de dar a conocer su decisión expresó que el ente investigador no había presentado los suficientes fundamentos para inferir esto.
Según el Procurador, no se explicó con pruebas porqué consideraba que Zambrano podría irse del país y tampoco estuvo de acuerdo con que algunos de los actuales funcionarios de la Secretaría de Salud podrían entorpecer la investigación, por el hecho de que el exsecretario hubiera sido su jefe.
No obstante, el representante del ministerio público consideró que la solicitud de la Fiscalía cumple con el ordenamiento legal por “el peligro a la seguridad a la comunidad” que podría llegar a presentar.
Incluso, calificó a los hechos que se dieron en torno al carrusel de contratación como una “organización delincuencial” que se estableció desde momentos previos.
Por su parte, la defensa aseguró que no se está teniendo en cuenta la presunción de inocencia y alegó que, por ejemplo, en la audiencia en donde se licitó el contrato no estuvo presente Zambrano, sino que solo la instaló. Además expresó que había muchas imprecisiones en lo argumentando por la Fiscalía.
El abogado del exsecretario aseguró que su defendido tiene una hoja de vida intachable y solo ha recibido condecoraciones a lo largo de su trayectoria. Tampoco, dijo, se dan los elementos para constituir el peligro de la comunidad, pues no tiene antecedentes y siempre se ha presentado a los requerimientos de la justicia.
Del mismo modo, argumentó que Zambrano no tiene un acceso directo a los funcionarios de la entidad que dirigió y que, además, la misma Fiscalía “lleva año y medio recolectando pruebas libremente”. También argumentó que la familia depende económicamente de él.
IMPUTACIÓN DE CARGOS
El ente acusador le imputó cuatro cargos al ex funcionario por presuntamente haber cometido los delitos de cohecho propio, celebración indebida de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Según la investigación, Zambrano habría recibido dádivas para favorecer a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá, que para la Fiscalía está compuesta en un 70 por ciento de empresas que no prestan salud, en la adjudicación de un contrato para el servicio de ambulancias. Para esto, el exsecretario de Salud habría recibido dinero, que también habría llegado al concejal Hipólito Moreno, al contratista Emilio Tapia, entre otros.
Pese a las pruebas presentadas, el ex funcionario no aceptó los cargos y se declaró inocente. Además, en medio de lágrimas, expresó que tiene los suficientes argumentos para demostrar que no es culpable.
La Fiscalía a lo largo de su exposición expresó que en el proceso de adjudicación del contrato no solo se fueron cambiando los requisitos establecidos, sino que también hubo un favorecimiento hacia la unión temporal. “El interés de la Administración pública, específicamente de Héctor Zambrano, va favoreciendo poco a poco a la empresa”, señaló el fiscal del caso.
Entre las condiciones que no se cumplieron, según el ente acusador, está la del requerimiento de tener “experiencia en el traslado interinstitucional”, sin embargo, siempre siguiendo la versión de la Fiscalía, la empresa en cuestión no mencionó que tuviera esa experiencia, sino que “habló simplemente de traslados”.
“Solo por eso cualquier empresa podía ser descalificada, cuando se realizó la audiencia de adjudicación”, señaló el investigador, quien dijo que esto era “insólito”. También, criticó que la Administración por un lado fuera “tan laxa en permitir ese tipo de errores” con esta unión temporal pero no con otras empresas.
“Aquí lo importante era el dinero y no la salud”, dijo el fiscal, quien aseguró que el “interés iba dirigido a que la unión temporal fuera favorecida”.
También, el investigador dijo que hubo un “marcado interés en favor de la unión temporal”. Otro de los ejemplos que dio fue el requisito del cupo de crédito, para el que se presentó un documento que aseguraba que la empresa tenía un cupo de 3500 millones de pesos, aunque se especificaba que para su disponibilidad se necesitaba su aprobación.
“Si para dar el cupo se necesitaba la aprobación, es porque no se había aprobado”, aseguró el fiscal. Y añadió “en ninguna licitación pública, haciendo un análisis serio, se admitiría esto como un cupo de crédito”.