Según la decisión la defensa de la exfuncionaria presentó los documentos que avalaban su divorcio, así como el testimonio de su esposo quien manifestó que vive en Cúcuta y que su salario no le permitirá cumplir a cabalidad con la complejidad de las responsabilidades.
“Al entregar los documentos encontramos que si está acreditado el divorcio, por lo que la menor quedaría sin protección si se emite aseguramiento intramural. Por lo que la señora Pardo cumple con los fines de la medida domiciliaria para el cuidado de su hija, este medida privativa en la libertad en su domicilio no es un beneficio para ella sino para su hija que quedaría en desprotección pues no hay otra persona que cuide de ella en Bogotá”, dijo la defensa.
Sin embargo, la juez le aclaró a la exdirectora del IDU que deberá cumplir con las normas que esto conlleva, como la de permanecer bajo control por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y que de presentarse alguna violación a estos compromisos legales se revocarán estos beneficios.
Pardo Gaona fue asegurada por los delitos de habría incurrido en peculado por apropiación a favor de terceros y contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, en su presunta participación en la injerencia para la entrega de contratos viales en Bogotá a cambio de dinero.
En el caso de Inocencio Meléndez, la juez de garantías aseguró que dada la gravedad de su conducta al no revisar “con lupa” las licitaciones para la adjudicación de contratos siendo esta su tarea y una de sus principales funciones dentro del IDU.
De la misma manera, se tuvieron en cuenta las graves acusaciones de Guido Nule y algunos documentos de la Fiscalía que indican que Meléndez habría recibido 50 millones en efectivo, así como un apartamento en un lujoso barrio de Bogotá y una camioneta a cambio del favorecimiento en la entrega de los contratos de la reparación de la malla vial de la ciudad y la fase III de Transmilenio, “desborrando así las exigencias para omitir el control fiscal”.
“Determinada por la gravedad de dicha conducta, el número de los delitos (concusión y prevaricato a favor de terceros) y su naturaleza, son una muestra de la incorrecta administración y titularización de los bienes del Instituto.
Al asesorar a la directora para afectar las contrataciones y el desvió de recursos públicos es de carácter grave, la delegación para la contratación le posibilitaba la exigencia de dinero a contratistas”, precisó la juez. Sobre el caso del excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, la juez aclaró que “dado su posición en la administración distrital, era él el primer encargado de velar por el adecuado y limpio proceso de la licitación y no cometer las irregularidades que le imputó la Fiscalía”.
En la medida de aseguramiento contra los dos exfuncionarios se argumentó que era pertinente y preventiva por una posible salida del país “para evadir la justicia y evitar el proceso”.
Al final de la audiencia los abogados de los tres exfuncionarios protestaron señalando que las acusaciones de la Fiscalía no eran suficientes para demostrar la presunta responsabilidad del excontralor Moralesrussi y los dos exfuncionarios del IDU en las irregularidades por las que se les acusa, por lo que manifestaron que sus clientes no son merecedores de dicha medida.
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