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¿Justicia y verdad son solo para quienes tienen recursos?

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María Claudia Castaño Avendaño y Luis Andrés Colmenares Escobar no tuvieron en vida nada en común, salvo las extrañas y violentas circunstancias en que fallecieron. Después de ocurridas sus muertes, en 2010 (ella en Cúcuta y él en Bogotá), comenzaron a presentar aspectos similares que conducen a una pregunta que tiene inquieta a la sociedad: ¿solo quienes tienen recursos pueden acceder a la verdad y a la justicia?

Ambos decesos fueron calificados en principio por Medicina Legal como suicidios, pero la Fiscalía reabrió las investigaciones con base en dictámenes del perito privado Máximo Alberto Duque Piedrahíta, quien, contratado por las familias de los muertos, exhumó los cadáveres, les practicó exámenes y llegó a una conclusión que dio un giro definitivo a los dos casos: María Claudia y Luis Andrés fueron asesinados.

Hoy, por esa tesis y las pruebas aportadas, está en la cárcel Modelo de Bogotá Carlos Andrés Cárdenas Gómez, como presunto coautor del homicidio de Luis Andrés; y en la Modelo de Cúcuta, Julio César Vélez, el viudo de María Claudia, acusado de su muerte. La inocencia o culpabilidad de los dos deberá demostrarse dentro de poco tiempo en sendos juicios.

Medicina Legal había dictaminado que Luis Andrés falleció como consecuencia de un  golpe que recibió en la cabeza luego de caer, al parecer, porque él mismo se lanzó al caño El Virrey, en el norte de Bogotá; y que María Claudia murió por un disparo que se propinó en la cabeza, en su residencia en Cúcuta.

Sin embargo, los análisis de Duque Piedrahíta demostraron que en el caso de Luis Andrés no era una, sino siete las heridas en el cráneo, una de las cuales habría sido ocasionada con un objeto redondo y contundente; y en el de María Claudia, que la trayectoria de la bala en el cráneo es de arriba hacia abajo y que el orificio de entrada es por el lado izquierdo, y ella era diestra.

Con esto, una sombra de duda cayó sobre los dictámenes de Medicina Legal y, aunque es obvio que no se puede generalizar, pudiera extenderse hasta convertirse en una inquietante preocupación para sectores de la sociedad de escasos recursos que, a la hora de buscar justicia y verdad, no tienen cómo pagar peritos particulares ni costosos análisis en laboratorios especializados.

Prueba no es monopilo

Desde Afganistán, en donde se encuentra integrando una misión humanitaria con la Cruz Roja Internacional, el médico cirujano y especialista en medicina forense y en antropología forense Máximo Alberto Duque Piedrahíta aceptó hablar con Colprensa sobre el tema, y empezó por recordar que el sistema de justicia colombiano tiene por principio la libertad probatoria.

“Eso quiere decir que una persona que considere que es víctima de un delito, o una persona que esté siendo responsabilizada por un presunto delito, tienen derecho a presentar pruebas ante un juez”, precisa Duarte Piedrahíta.

En ese marco de libertad probatoria, añade el científico, cada parte en un proceso puede presentar, entre otras, pruebas de tipo forense. “En la actualidad, lo que vemos en Colombia es que hay multiplicidad de organizaciones, públicas y privadas, que tienen buena capacidad científica para generar dictámenes”, señala.

“La prueba forense no es un monopolio de una sola entidad. De hecho, hay competencia. Tanto quien demanda o acusa (por ejemplo, la Fiscalía o cualquier otra entidad) como quien se defiende pueden acudir a la organización que prefieran para que se elabore una prueba pericial”, agrega el perito.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que aprecio y en la que fui servidor por muchos años, tiene limitaciones y problemas que se reflejan en sus productos. No se puede negar que es vulnerable a la corrupción, y así lo plantean, por ejemplo, los análisis de Transparencia Internacional”, asegura.

Sostiene que no existe un indicador que permita sustentar con criterio científico que haya una tendencia a tener una justicia con sustento técnico más débil o precaria para los más pobres.

Para Duarte Piedrahíta, están disponibles, en teoría, los servicios forenses prestados por el Estado al sistema de defensa pública, o para un abogado cuyo cliente no tenga recursos económicos suficientes. “La defensa puede solicitar a Medicina Legal, por ejemplo, que haga determinada prueba o pericia; igual pueden hacer los representantes de víctimas”.

“Pero, en la práctica, eso no funciona”, sostiene el científico. “Las entidades públicas con servicios forenses, y en particular Medicina Legal, solo atienden peticiones de los fiscales o los jueces, y en algunas oportunidades de la Procuraduría o la Contraloría, y también del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, dice Duarte Piedrahíta.

También se equivocan

Para el abogado defensor de Carlos Cárdenas, el exfiscal Mario Iguarán Arana, como Medicina Legal es una entidad adscrita a la Fiscalía General de la Nación, funciona bajo la orientación del mismo ente acusador. “Eso implica que hay un soporte que respalda a Medicina Legal”.

También recuerda que “es propio de todas las actuaciones judiciales, no solo penales, que los dictámenes sean objeto de controversia, y no por eso podría decirse que hay ambigüedades o falta de idoneidad”.

“Sin desconocer que de Medicina Legal hacen parte servidores que pueden equivocarse, también en las instituciones privadas se presentan equivocaciones involuntarias. O voluntarias”, dice Iguarán con suspicacia.

Errores limitan derechos

De acuerdo con José Gregorio Hernández Galindo, exmagistrado de la Corte Constitucional y director de la revista ‘Elementos de Juicio’, casos como los de María Claudia y Luis Andrés “generan una gran preocupación desde el punto de vista de la función que desempeña Medicina Legal, que tendría que ser la institución en que confiara no solamente el Estado, sino todo ciudadano”.

“Se supone que Medicina Legal es una agencia estatal que tiene a su cargo definir muchas cosas relativas al material probatorio en el curso de todos los procesos. Si se pierde confianza en Medicina Legal, por supuesto hay un gran daño, y esa confianza en la última época ha venido de capa caída”, agrega Hernández Galindo.

“En los dos casos mencionados se ve claramente que los dictámenes de Medicina Legal fueron muy erróneos, por decir lo menos, y luego se pudo demostrar que había falencias”, señala y dice que “es necesario que el Estado preste más atención a Medicina Legal y se asegure que sus dictámenes sean más dignos de crédito, como corresponde a la función que cumple la institución”.

Pero la mayor preocupación de Hernández Galindo tiene que ver con los derechos: “Desde el momento en que se desfigura una situación que implique la comisión de algún delito, y que esa desfiguración se produzca como consecuencia de un dictamen equivocado, se están cercenado derechos”.

Y pone como ejemplos los siguientes: “Derechos de la sociedad, por supuesto, porque la sociedad reclama que se haga justicia en todos los casos; pero, además, derechos de las víctimas, porque las víctimas también tienen todo el derecho, garantizado por la Constitución, a que se busque a los responsables de un hecho que tiene características de delictivo”.

La Defensoría Pública

El exfiscal Luis Camilo Osorio Isaza explica que con el sistema de partes iguales del sistema acusatorio, la defensa tiene las mismas fortalezas y está a la par para confrontar con lo que hace Medicina Legal. “Enhorabuena hay estas posibilidades de confrontación”, dice.

En cuanto a los costos y la posibilidad de que las personas que no tienen recursos puedan acceder a laboratorios especializados, el exfiscal asegura que para ellos está la Defensoría Pública.

“El sistema acusatorio debe ser equilibrado. Si hay una parte débil, que es la defensa, el sistema no funciona. Apabullaría el Estado la eficiencia de la Defensoría. La Defensoría Pública, en un momento dado, puede solicitar una prueba a un laboratorio particular especializado”, asegura.

“Desde luego que Medicina Legal se desprestigia cada vez que no corresponda su experticia, su capacidad técnico-científica, para señalar una verdad. En el evento de que se haga una prueba de ADN, guantelete, balística o un retrato hablado, y ninguna dé los resultados científicamente ajustados a lo que quería la justicia y el sindicado, pues todo eso va en detrimento de la propia institución”, concluyó Osorio Isaza.

Colprensa intentó hablar, en varias ocasiones y por distintos medios, con el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Eduardo Valdez, para conocer su opinión sobre este tema, pero el funcionario prefirió guardar silencio.

Costos forenses particulares

Para tratar de establecer el valor de los exámenes forenses particulares hay que considerar dos aspectos: los costos del abogado y los costos de los procedimientos periciales, aunque no es fácil determinar lo que cobra un abogado, porque puede variar desde cero (abogados ad honorem o que trabajan con Cuota Litis) hasta los que cobran mucho dinero.

Los costos de los peritos también tienen muchas variables, dependiendo del tipo de procedimientos. En muchos casos hay insumos de laboratorio que son costosos. En el mercado internacional, un buen experto en medicina forense puede tener un costo aproximado de honorarios entre 3.000 y 10.000 dólares por concepto o asesoría, sin contar gastos de viaje, viáticos, etcétera.

Si en un caso se necesita más de uno, los costos se incrementan. En Colombia, los costos pueden ser parecidos, aunque depende también de si el experto tiene una tabla de tarifas o si cobra diferente, según la complejidad del caso.

Además, hay universidades y entidades privadas que prestan servicios forenses en Colombia. Por ejemplo, laboratorio de toxicología o de genética, que tienen costos entre 200 y 1.000 dólares por prueba. Son de buena calidad y competitivos. Otros servicios, como radiología, se solicitan a entidades hospitalarias, y tienen el mismo costo que para un paciente del sistema de salud.

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Comentarios

Si yo fuera juez

Si yo fuera juez las declararía completamente inocentes. El joven sale de la fiesta en estado de alicoramiento, el frio y la humedad de la noche Bogotana aumentan aun más su resaca y mientras se come un perro caliente sin previo aviso sale a correr sin rumbo fijo, con tan mala suerte que cae accidental y fuertemente de cara al fondo Caño el Virrey (canal obscuro y resbaloso) el cual tiene una profundidad aproximada de 2 metros. La fiscalía no pudo probar que fue homicidio por que solo hay fracturas en su rostro, esto reafirma el hecho evidente de que hubo un fuerte impacto de cara. Si hubiera sido una brutal golpiza habría fracturas o moretones por todo el cuerpo pero este no es el caso. Adicionalmente no hay testigos que den fe que hubo una golpiza pues los tres que habían ya declararon haberle mentido a la justicia. En cambio si hay una testigo presencial de los hechos, Laura Moreno, quien infructuosamente intentó evitar que siguiera corriendo y fue escuchada vía celular por varios de los amigos de Luis Andrés Colmenares justo en el instante cuando presenció el accidente (cerca de las 3:30 AM).

Los bomberos del primer turno (4:47 AM) no vieron el cuerpo dentro del túnel ubicado en la calle 87 con carrera 15 (justo debajo del CAI el Virrey) pues nunca entraron al mismo, solo alumbraron desde los costados por procedimientos de seguridad dado que el túnel de 80 metros de largo contenía abundante cantidad de agua. El cuerpo yacía en el desnivel de 50 cm de profundidad que hay dentro del túnel y totalmente cubierto por agua pues había llovido mucho esa noche según el IDEAM. Los bomberos del segundo turno (7:07 PM) lo encuentran rápidamente pues entraron dentro del túnel porque ya se podía caminar con seguridad (el nivel del agua dentro del túnel había bajado a 15cm).

Aunque el cuerpo fue encontrado boca abajo, las livideces (acumulación de sangre) aparecen en la espalda porque el cuerpo fue ubicado por los miembros del CTI en esa posición desde que levantaron el cuerpo (10:30 PM) el domingo 31 de octubre hasta cuando Medicina Legal inicio la necropsia el día siguiente a las 2:45 PM (lunes 1 de noviembre), tiempo suficiente para que la sangre se transpusiera a la espalda. La necropsia de Medicina Legal y la realizada por la Fiscalía por intermedio del Forense Máximo Duque son complementarias, se diferencian por la forma en que describen las heridas pero ambas concluyen que la muerte fue violenta a determinar (homicidio, suicido o accidente) y que el joven murió ahogado pues había agua en sus pulmones. Mi conclusión es que claramente se trató de un lamentable accidente: caída de altura que produjo graves fracturas en el rostro, inmediata pérdida de conciencia y ahogamiento mientras el cuerpo era arrastrado por la corriente hasta el desnivel del túnel.

El único responsable de la muerte del joven Luis Andrés Colmenares fue el propio estudiante, pues fue muy imprudente al excederse en el consumo de licor (Vodka, Aguardiente y Cerveza) y por mezclarlo adicionalmente con bebida energizante. Absolvería a las acusadas por certeza y ordenaría que fueran reparadas ejemplarmente tanto económicamente como en su honra, dignidad y buen nombre, pues fueron vulnerados gravemente sus derechos (libertad y presunción de inocencia) al haber sido privadas de su libertad injustamente durante 1 año y haber sido víctimas de linchamiento mediático por 4 años. Contra esta decisión procederá recurso de apelación, el cual será confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia.