Los cobijados por la medida son Claudia Patricia Rojas, coordinadora del grupo de análisis de recobro del Ministerio de Protección Social; Luis Andrés Ruiz, exfuncionario del ministerio y quien era el encargado del manejo de base de datos; Héctor Mauricio Durán, subgerente de cartera de la EPS Sánitas; Jhon Carlos Lamus, ingeniero de sistemas, y el particular Édgar Medina Millán.
Los cinco capturados por participar en el carrusel de la salud, enfrentarían los delitos de peculado, tráfico de influencias, falsedad en documento público y privado, y concierto para delinquir.
Las penas podrían llegar hasta los 50 años de prisión señaló el abogado penalista Francisco Bernate.
En el mismo sentido el ex ministro de Interior y Justicia, Carlos Medellín, señaló que aunque la pena podría llegar a ser de hasta 50 años,en la práctica habría que examinar la responsabilidad individual decada uno de ellos. “Si se acogen al principio de oportunidad y colaboran con la justicia y se presentan otras circunstancias de atenuación podría haber rebajas “, indicó.
Según la decisión judicial, aunque es válido y legal asesorar a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) para los trámites de recobros, no está claro por qué en los correos electrónicos se hablaba de pagos de comisiones a Claudia Patricia Rojas, encargada de autorizar esos pagos.
“Hay un desorden en el sistema de salud y eso permite que se presenten actos delictivos como este que tenemos aquí y el cual es gravísimo”, dijo el juez.
Falencias en Fosyga
El ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, reconoció que hay graves falencias en los recobros que se hacen a través del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) porque no hay suficiente regulación y vigilancia.
“El tema de los recobros se volvió un foco de corrupción y de falta de transparencia, pues anteriormente le costaban al Estado $300 mil millones y hoy en día están costado $2,5 billones al año, lo que es una multiplicación por diez en un sistema de salud en donde no están regulados”, indicó Santamaría.
Desfalco podría ser de $1,25 billones
De acuerdo con el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, el fraude radica en que las EPS son quienes se encargan de remitir las informaciones al Gobierno sobre el pago de recobros que durante 2010 fueron por $2,5 billones. “El 55% de los recobros eran del Plan Obligatorio de Salud, no tenían qué hacerlo, es fraudulento, había trampa. Por eso el desfalco podría ascender a $1,25 billones”, aseveró Robledo en el debate que se le llevó a cabo el martes en el Congreso.
“La madre del fraude en el sistema de salud es la integración verticalde las EPS con las IPS porque como son del mismo dueño, facturany todo va para el mismo bolsillo”, recalcó Robledo.
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