Colombia


A la cárcel segundo testigo en caso Colmenares

COLPRENSA

17 de enero de 2013 08:26 PM

El juez 24 de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en contra de Jonathan Andrés Martínez Ortiz, quien es procesado como uno de los falsos testigos en el proceso que se le adelanta a Carlos Cárdenas, por la muerte de Luis Andrés Colmenares.El juzgador basó la medida de aseguramiento en que el procesado pueda obstruir la justicia, que sea un peligro para las víctimas o que no comparezca al proceso.
"Esta persona tiene esa habilidad de hacer ver hechos carentes de la verdad como si fuera cierto. Señor Jonathan usted no solo engañó la administración de justicia, sino a todo el país que de alguna forma creyeron las manifestaciones que usted estaba haciendo. Además puso personas en la picota pública", aseguró el juez.
Para el togado, es necesario que la justicia corrija el error que se pudo cometer al señalar a inocentes por parte de los falsos testigos: "Se tiene que corregir el yerro en cuanto haber admitido esos testimonios como ciertos. Los servidores públicos fueron engañados en las entrevistas entregadas".
También dijo el juzgador que es importante saber si hay alguien tras el actuar de Martínez Ortiz como lo señaló uno de los abogados de víctimas.
"El señor Mario Iguarán (abogado de víctimas) ha dicho que se está frente a un cartel de testigos, es decir que resulta probable que el señor Martínez esté vinculado con una organización criminal que pretenda desviar el curso investigativo de la Fiscalía, llegando a entregar una serie de declaraciones carentes de la verdad", aseguró.
El juez manifestó que las conductas por las cuales se señala al presunto falso testigo son demasiado graves como para dejarlo en libertad.
"Se trata de un falso testimonio donde se señala a unas personas de estar presente en un lugar de los hechos (...) Se está señalando a una persona de haber participado en un homicidio (...) Fue capaz de irrumpir en el aparato judicial y engañarlo, para que se tomaran decisiones contrarias a derecho", indicó.
Además para el administrador de justicia, "el fraude de subvención es una conducta grave teniendo en cuenta que tomó unos recursos del Estado. A cambio de la Fiscalía utilizar esa protección para personas que de verdad los necesitaran no se pudo hacer. El director del programa fue engañado y emitió una resolución de protección (...) No solo le bastó acudir ante las autoridades sino que utilizó los medios de comunicación para difundir hechos carentes de la verdad".
El administrador de justicia consideró que Martínez Ortiz no podía estar en detención domiciliaria y debía permanecer a la espera de que se adelante su proceso en la cárcel La Picota de Bogotá. Sin embargo, autorizó que por razones de seguridad sea recluido durante tres días en el búnker de la Fiscalía.
LA IMPUTACIÓN
La fiscal tercera de la Unidad contra Falsos testigos Patria Gil, le imputó a Martínez Ortiz los delitos de fraude procesal, fraude a subvención y falso testimonio.
De acuerdo a lo dicho por Gil, el testigo presentó varias declaraciones inconsistentes. Además le fueron pagados casi cinco millones de pesos durante su permanencia en el programa de protección de testigos, lo que se constituyó en una defraudación al Estado.
El testigo presentó inconsistencia en sus declaraciones juramentadas ante la Fiscalía al indicar que había estado presente en el parque El Virrey en el norte de Bogotá cuando presuntamente un grupo de jóvenes golpearon al universitario.
"Se han desvirtuado una a una sus aseveraciones en las distintas declaraciones juradas. En las primeras entrevistas solo vincula a Carlos Cárdenas y a Laura Moreno y solo hasta la tercera nombra a su supuesto amigo Daniel Giraldo (con quien supuestamente se encontraría esa noche)", dijo la fiscal.
De acuerdo al ente acusador, se comprobó que Martínez Durán mintió en las declaraciones entregadas en contra de Daniel Giraldo, a quien señaló de ser su amigo y quien lo invitó a una fiesta de disfraces en la discoteca Penthouse.
Los planteamientos de la Fiscalía fueron respaldados por el Ministerio Público por considerar que se incurrió en graves conductas por parte del presunto falso testigo.
"Esta medida es necesaria porque el joven aquí imputado representa un peligro para la sociedad y para las víctimas con esas presuntas falsas declaraciones", señaló la delegada del órgano de control.
Según la Procuraduría "en el comportamiento del imputado se ve que no va comparecer al proceso, como lo dijo la fiscal hace parte de un programa de protección a testigos e incumplió con varias obligaciones".
"Esta delegada considera que la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario es proporcional y necesaria", enfatizó.
Por su parte, Alfonso Celedón, defensor del procesado, había pedido que este fuera cobijado con detención domiciliaria en Corinto (Cauca).
"Solicita este defensor que se apliquen las normas constitucionales. Toda persona se presume inocente mientras no sea declarado culpable", aseguró.
“ME VEN COMO UN CRIMINAL”
Al término de la diligencia Jonathan Martínez Ortiz dijo que la Fiscalía solo cuenta las cosas que tiene en su contra, pero que no revela las inconsistencias en el plan de testigos por ejemplo.
“Ya me tacharon de criminal ante todo un país. Hasta ahorita no ha salido la primer persona a decir que yo le vendí drogas, que yo soy la cabecilla de este supuesto cartel, pero todo esto sigue y aquí pueden cambiar muchas cosas (…;) tengo que decir que no me he beneficiado totalmente como lo están diciendo ellos y no salen a decir por qué razón me volé dos veces del programa de protección. No dicen que en dos ocasiones me dejaron aguantando hambre en un apartamento, no dicen que me enfermé y por los propios medios tuve que salir a una droguerías”, indicó.
AUDIENCIA A PUERTA CERRADA
Al cierre de esta edición se adelantaba, a puerta cerrada por disposición del juez 38 de garantías, la audiencia de José Wilmer Ayola, otro de los presuntos falsos testigos y quizás el más importante.

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