La corte ordenó el pago de las sentencias y modificó ley del gobierno

La Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 38 de la ley de presupuesto de 2011, que permitía al Gobierno postergar los pagos ordenados por sentencias judiciales, conciliaciones ante la justicia y las cesantías parciales de los funcionarios públicos, de acuerdo con la disponibilidad de presupuesto.
El magistrado  Juan Carlos Henao aclaró que de esta ley, la 1420 de 2010, fueron demandados 19 artículos, pero que la mayoría de ellos fueron mantenidos en vigencia, porque la demanda no fue sustentada y no existían los argumentos técnicos suficientes para estudiarlos a profundidad. Si bien el presupuesto de 2011 ya fue ejecutado, esta sentencia genera un precedente judicial para que el Gobierno la tenga en cuenta cuando vaya a presentar su proyecto presupuestal para próximos años.
Para la Corte, es de vital importancia que si hay una orden o conciliación judicial que indique al Estado el pago de un dinero a una persona natural o jurídica, esta se cumpla a cabalidad.
Según el magistrado Juan Carlos Henao, presidente del Tribunal, “si una sentencia queda dependiendo de la prioridad que gubernamentalmente se pueda hacer para su pago, éstas se convertirían en pedazos de papel sin ningún efecto vinculante”.
También se respetó el derecho de los funcionarios públicos que por razones de fuerza mayor, deben retirar sus cesantías parciales y a quienes no se les pagaban en forma inmediata, debido a la falta de disponibilidad en el presupuesto. Otro artículo de la ley que se cayó es el 71 que pretendía destinar los recursos utilizados para el pago de aportes a subsidio familiar y el SENA, que no estuvieran comprometidos antes de diciembre de 2010. Según el magistrado Henao, esto fue derogado porque no es acorde a lo establecido por la Constitución en la parte que habla de presupuesto ni por el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que determina cómo se usarán los recursos públicos del Estado. “La ley de presupuesto es anual y tiene limitaciones con respecto a lo que ordenan la Constitución y los estatutos presupuestales”, aclaró el magistrado.