La eterna búsqueda de los desaparecidos en Colombia

Doña Rosa Gómez se conoce todos los rincones de Bogotá desde hace más de 10 años, cuando inició la búsqueda de Ramón, de su hijo, quien salió para su trabajo el pasado 10 de junio de 2001 y hasta hoy, no ha vuelto. 
Desde entonces, esta mujer de 55 años no ha parado de buscarlo con la misma foto que pegó en varios lugares de Bogotá. Ya no recuerda cuántas veces ha ido a las instalaciones de Medicina Legal. Perdió la cuenta de las llamadas anónimas que le dicen que lo han visto. Falsa alarma. Lo ha buscado en todos los hospitales de la Ciudad y hasta en los cementerios, pero la esperanza de al menos encontrarlo muerto no aparece tampoco. Las autoridades judiciales no le han brindado una pista sobre el paradero, quien a sus 27 años se desvaneció entre esa jungla de cemento.
La única información que ha podido recolectar es que un vecino lo vio ese último día, al salir de casa, coger una buseta. Sin embargo ese día no llegó a su trabajo en el centro de la ciudad, “es como si se lo hubiera tragado la tierra”. Las preguntas de las autoridades son las mismas: ¿consumía drogas Ramón? ¿Tenía relaciones extrañas?.
Según las cifras más recientes de las Naciones Unidas y de la Fiscalía, la Unidad Nacional de Desaparición y Desplazamiento Forzado tiene registrados más de 27.300 casos de desaparición forzada en los últimos años. El 40% de estos casos provienen de Medellín (4.938) y Villavicencio (4.238). Le sigue Cúcuta (1.558), Pasto (1.509) y Santa Marta (1.268).
Para Christian Salazar, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la desaparición forzada es un “crimen complejo” porque en reiteradas ocasiones se comete, en conjunto con otras violaciones de los derechos humanos como la tortura, la violación sexual, el desplazamiento, el reclutamiento forzado o las ejecuciones extrajudiciales.
“Es un delito múltiple porque constituye una violación de numerosos derechos: derechos a no ser privado arbitrariamente de la libertad, a la integridad, a no ser sometido a tortura, a la seguridad personal. Además, puede constituir un crimen de lesa humanidad si se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Solo recientemente se empieza a conocer la dimensión real de la desaparición forzada en Colombia”, precisó Salazar.
Y es que la misma Fiscal General, Viviane Morales, ha expresado su preocupación por el bajo número de fiscales (23) con que se cuenta para investigar 23 mil casos de desaparición forzada, por lo que ha prometido elevar el número de investigadores a 300 y a 200 el número de policías judiciales. Además, dijo que fortalecerá las herramientas en materia tecnológica y científica.
Según la Fiscal, “uno se encuentra anonadado, 23 fiscales para investigar este número tan alto de desaparecidos. Se han buscado parámetros diferentes para realizar las búsquedas, pero se necesita un personal más amplio y calificado para emprender las investigaciones, de eso ya se está encargando la Unidad para la desaparición forzada creada el pasado mes de diciembre”. Morales hizo énfasis en la gran dificultad que existe para encontrar a los desaparecidos y las dificultades a las que se enfrentan los investigadores para descubrir la verdad en estos temas.
Hasta que la víctima aparece
Según los tratados internacionales y las leyes de Colombia, estipuladas después de 1994, una persona es catalogada como desaparecida hasta que no se tenga la certeza de que sigue viva o murió.
Para el abogado penalista Jorge Molano es una pena que hasta ahora se esté hablando del tema y se haya creado hasta hace cinco meses una unidad para este fin. “En un país de tragedias, que atraviesa un conflicto armado continuo desde hace 45 años y que ha visto el nacer y perfección de las practicas más brutales de guerra, es ilógico que no existiese un grupo de investigadores para buscar a las personas desaparecidas”.
Según Molano, representante de los familiares de los desaparecidos en el Holocausto del Palacio de Justicia hace 25 años, son más las dudas que las certezas sobre estas búsquedas, puesto que no avanzan dada la dificultad que requieren dichas investigaciones y “la intervención del Estado o de grupos armados para que nunca se sepa la verdad”.
Un punto de vista similar compartió la antropóloga forense Claudia Delgado, especialista en investigación criminal, para quien la búsqueda de personas desaparecidas es un trabajo complejo que requiere  de mucho trabajo y de un personal especializado y de 24 horas buscando muestras de ADN, registros óseos y demás. Dijo que en la historia de Colombia no se han tenido los cuidados pertinentes y necesarios para este tipo de búsquedas, por lo que los resultados para estos casos “son casi nulos”.
Pero hasta hace poco, se implementa la llamada “ruta de investigación”, la cual consiste en no abandonar el camino del proceso hasta tener la identificación de los elementos fácticos, jurídicos y la formulación de hipótesis. También contribuye técnicamente a tareas como la protección de familiares y entrevistas a testigos, entre otros. “Y es que una persona desaparecida deja de ser tal hasta que no se sepa toda la verdad de lo que pasó con él”, precisó la antropóloga forense.