Las autoridades deben proteger los derechos de la comunidad gay

La Corte Constitucional emitió un pronunciamiento en el que exhorta a las autoridades policiales y judiciales a definir parámetros que permitan generar situaciones de tolerancia y respeto para la comunidad gay o LGBTI.
La Corte Constitucional también exige a los dirigentes de establecimientos abiertos al público que se coordine con las autoridades para promover condiciones de respeto hacia esta comunidad.
Este pronunciamiento se hace luego de una sentencia de tutela en la que una persona transexual intentó acceder a una fiesta electrónica en la que, a pesar de haber comprado la boleta, no se le permitió el acceso.
Según el demandante, fue víctima de agresiones verbales y físicas de parte del personal de seguridad de la empresa. La empresa organizadora argumentó que le negó el acceso al demandante por estar bajo el efecto de sustancias alucinógenas, con lo que reaccionó con excesiva agresividad cuando los guardias le solicitaron que se retirara.  También dijo que el demandante no fue la única persona a quien no se le permitió el acceso aquella noche y eso nada tuvo que ver con su condición de transgenerista.
Aunque la Corte no concedió la tutela a la demandante, bajo el argumento de que no existe prueba de que el ingreso le haya sido negado por su condición sexual, sí emitió un llamado a las autoridades con el objeto de que ayuden a mejorar las condiciones de igualdad de los integrantes de esta comunidad.
Este llamado incluye la creación de una “política pública integral nacional, constante y unificada con los entes territoriales para el sector LGBTI, que posibilite su socialización y coadyuve a la convivencia pacífica, cumpliendo también los deberes y obligaciones correlativas”.
Esto con el fin de que sea más fácil, tanto para las autoridades como para las entidades comerciales, seguir parámetros que aseguren condiciones de equidad para estas comunidades.
La Corte sugiere que se vinculen en dicho proceso a otras entidades gubernamentales y no gubernamentales que propugnen por la socialización y la  protección de los derechos de los miembros de las comunidades LGBTI, para que ayuden en la creación de estas políticas públicas.