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Ley de reparación a víctimas, un desafío histórico

La ley de reparación de víctimas del conflicto armado aprobada por el Congreso de República constituye un “avance histórico” en este país que aún sufre la violencia, aunque todos los retos esperan al Estado por las consecuencias de la guerra aún en curso, estimaron analistas. 

“Los alcances de esta ley, sus objetivos, todo eso la hace una ley que realmente va a cambiar en muchos aspectos la historia del país”, aseguró este miércoles el presidente Juan Manuel Santos, que la considera “bandera” de su gobierno. 

El texto adoptado la noche del martes podría cobijar hasta a 4 millones de víctimas del conflicto, a partir de 1985. 

A estas personas, la ley promete reparación económica y simbólica, además de la restitución de por lo menos 2 millones de hectáreas de tierras a campesinos desplazados de sus predios por grupos armados, a partir de 1991. 

“Sólo reparando a los millones de víctimas del conflicto se alcanzará la paz y la reconciliación en Colombia”, aseveró el Partido Liberal (centroizquierda), que desde 2007 propugnaba su adopción. 

Para la politóloga Claudia López, experta en el conflicto interno de Colombia, la ley destaca por ser la primera en el país “que se ha hecho para las víctimas”. 

“Hasta la fecha, se habían votado leyes para que los victimarios confesaran sus crímenes, para que dejaran las armas, pero nada realmente para sus víctimas”, dijo López a la AFP, al evocar la ley de Justicia y Paz (2005), que acompañó la desmovilización de los paramilitares de extrema derecha. 

La magnitud del reto que afrontará Colombia para cumplir con esta ley se puede medir en cifras: entre 3 y 5 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto, y muchas viven por esa razón en la pobreza (46% de la población). 

Además, entre 400.000 y 500.000 colombianos han sido víctimas del conflicto armado desde 1985, según la Corporación Nuevo Arco Iris, que estudia ese fenómeno que comenzó en los años 60 con la creación de las guerrillas Farc y ELN y generó un ciclo de violencia en el cual las milicias paramilitares tuvieron también una gran responsabilidad.

La confesión de crímenes por parte de paramilitares desmovilizados arrojan cifras escalofriantes: 46.154 homicidios, 1.614 masacres y 562 actos de tortura, según un informe de la Fiscalía de 2010. 

Se calcula además que las desapariciones forzadas causadas por las Fuerzas Armadas y los paramilitares podrían alcanzar los 200.000 casos, aunque oficialmente sólo se registran 26.500. 

La ley “ofrece un marco” para reparar a las víctimas pero “los retos que quedan son mucho mayores”, indicó Michael Reed, director en Colombia del Centro internacional para la justicia transicional. 

“El diablo está en los detalles”, y su éxito dependerá de la capacidad del Estado para coordinar a más de 20 entidades de atención a las víctimas, explicó Reed a la AFP. 

En ese sentido, Santos admitió el miércoles que “el gran desafío ahora es crear los mecanismos, la institucionalidad para que esta ley y sus objetivos se puedan convertir en una realidad (...) No va a ser fácil”. 

Su gobierno enfrentará el peculiar reto de reparar a las víctimas en medio de un conflicto aún en curso, con 10.000 combatientes activos de las guerrillas y entre 6.000 y 11.000 miembros de nuevas bandas criminales que integran exparamilitares aliados con narcotraficantes. 

En ese contexto, Ariel Avila, investigador de Nuevo Arco Iris, trazó un panorama preocupante. “La violencia va a aumentar. En las regiones, estas bandas criminales van a reaccionar contra la restitución de tierras, muchas de las cuales fueron robadas por paramilitares”, dijo a la AFP. 

Desde que Santos sumió el gobierno en agosto de 2010 y anunció su intención de restituir las tierras despojadas, once líderes de campesinos desplazados han sido asesinados

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