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Ley seca y toque de queda para evitar más disturbios en Caucasia

La ley seca y el toque de queda decretados por el alcalde de Caucasia, Jorge Valencia, son solo dos de las medidas con las que las que se pretende controlar la alteración de orden público que se presenta en este municipio del Bajo Cauca antioqueño, y que ha afectado a los viajeros, transportadores y lugareños que se desplazan por esta troncal a la Costa Atlántica.

También se perjudicaron los comerciantes que han cerrado por dos días sus negocios y ya empiezan a cuantificar las pérdidas.

Esta vía nacional, que estuvo abierta entre las 9:00 de la noche del miércoles y las 9:00 de la mañana de ayer, fue bloqueada nuevamente por centenares de manifestantes, la mayoría menores de edad, que quemaron llantas, derribaron árboles, regaron aceite y esparcieron tachuelas.

Para el alcalde, Jorge Valencia, “el panorama se torna caldeado. Hay reductos de mineros o personas que participaron en la marcha de ayer (miércoles) y que están haciendo barricadas y sembrando el caos en Caucasia. La Fuerza Pública está activa y los antimotines evitan desórdenes y muertos en estas protestas”.

Para recuperar la normalidad en Caucasia, el alcalde manifestó que se prohibirá el uso de parrilleros mientras haya alteraciones del orden público, además, “van a venir cerca de 40 hombres antimotines y tanquetas. Hay prohibición de venta de licor o ley seca y los negocios donde venden licor deben estar cerrados. Habrá inmovilización de volquetas que transporten cilindros u otros materiales dudosos”.

PATROCINAN PROTESTAS

Pese a que el presidente de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Ramiro Restrepo, fue enfático en que la protesta pacífica de los medianos, pequeños y mineros artesanales terminó el pasado miércoles, en la troncal a la costa siguen apostados algunos de ellos que no han querido regresar a sus lugares de origen.

Restrepo indicó que algunos mineros se separaron del grupo original y otros que no lo son “se vincularon con otros intereses para hacer escándalo, desórdenes y enfrentarse a la Fuerza Pública. Hasta donde yo me di cuenta son unos jóvenes que armados con piedras y palos atacaron a las autoridades, pero mineros como tal, no me di cuenta que hubieran participado con hechos violentos”.

Otra versión que circuló fue el supuesto pago entre 20.000 y 50.000 pesos que algunas personas, entre ellos mineros, dieron a los menores de edad para realizar disturbios. Así lo reconoció uno de ellos, capturado por la Policía, quien señaló que “nos estaban dando plata pa’ que uno venga y eche acpm, para que reguemos todas esas vainas. A unos amigos les pagaron eso y cuando iban a cogerlos, ellos se metieron en un caño. Dan plata para comprar gasolina, caucheras y aceite quemado”.

Restrepo dijo que “he escuchado los rumores que apuntan a que algunos personajes les dieron plata a los jóvenes encapuchados para que permanecieran allí”. El pago fue confirmado por el coronel Miguel Moncaleano, comandante de la Policía en la zona, al informar de la captura de 10 personas que revelan que son utilizados por varios mineros para que ellos realicen estos disturbios”.

Moncaleano precisó que se ha trabajado con el Esmad, con refuerzos de inteligencia, investigación criminal y “vamos a proceder a judicializar a los que orquestan estas manifestaciones. Tenemos personas identificadas”.

Una fila con vehículos inmovilizados, de por lo menos 10 kilómetros, aguarda en la vía bloqueada.

CONTEXTO

Acusan a Farc de asesinar a auxiliares de Policía Las autoridades en Cauca denunciaron que dos auxiliares de la Policía que estaban desaparecidos desde principios de esta semana fueron asesinados por las Farc.

Las víctimas son Henry Andrés Castañeda y Alejandro Gutiérrez Zapata, quienes prestaban el servicio militar obligatorio en subestación de Policía de Santana. Habían sido privados de la libertad en el corregimiento de La Uribe, del municipio de El Tambo, luego de que hombres armados interceptaran una chiva y los obligaran a irse con ellos.

Sus cadáveres fueron encontrados ayer en un paraje rural de esta localidad. La ejecución extrajudicial de los auxiliares fue condenado por la Defensoría del Pueblo, que calificó el hecho como una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario, que establece el respeto a la vida las personas privadas de la libertad y los rehenes.

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