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Listo protocolo para evitar la violencia sexual en el conflicto

El Ministerio de Defensa entregó a más de 400.000 hombres que conforman la Fuerza Pública una hoja de ruta para evitar y denunciar casos en los que las mujeres, niños y niñas sean víctimas de la violencia sexual.

Este protocolo busca acabar dentro de las Fuerzas Militares y de Policía las violaciones y discriminaciones de género que se han registrado en las filas.

“El documento 'Protocolo para la Fuerza Pública en el manejo de la violencia sexual’, es la primera guía de este tipo en América Latina.

Además, es una advertencia para los militares y policías acerca de que los casos de violencia sexual siempre serán investigados por la justicia ordinaria (no la militar) y que según su gravedad, podrán ser remitidos, incluso, a la justicia internacional para que los juzgue como crímenes de lesa humanidad”, dijo el ministro, Juan Carlos Pinzón.

El funcionario advirtió que en los últimos diez años, con ocasión del conflicto, se han visto afectadas con violencia sexual más de 27 mil mujeres y que sólo en el 2 por ciento de esos casos existe presunta responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública.

En la cartilla se aclaran cuáles son las clases de violencia sexual que se pueden juzgar. En ese sentido se hace referencia “al manoseo, el abuso de menores de 14 años y personas cuya discapacidad física sea aprovechada”.

Además de esto, se les informa a los uniformados las consecuencias penales y se detalla el procedimiento para identificar a una víctima.

Lo primero que tiene que hacer el integrante de la Fuerza Pública es creer en las denuncias y no revictimizarlas.

El instrumento también recalca que delitos de este tipo acarrean penas de hasta 32 años de cárcel y que estas aumentan cuando son cometidos por servidores públicos. A su vez hace énfasis en “las víctimas que quedan embarazadas, que pueden ser inclusive menores de edad, y se añade también que se hace más gravosa la situación cuando la violencia sexual la ejercen dos o más personas, o cuando se comete por venganza o para silenciar personas”.

“El objetivo del Gobierno, del alto mando militar y policial es que al interior de las fuerzas no exista un solo caso de agresión sexual contra los demás ciudadanos y por ello la expedición de estos documentos”, concluyó Pinzón.



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