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Los avances del nuevo Sistema Penal Acusatorio

Casos como el del cerebro de la captadora DMG, David Murcia, el del atentado contra el Palacio de Justicia de Cali y el homicidio de mujer embarazada por parte de notario en Bucaramanga, son algunos de los más importantes procesos del nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Sin duda alguna el cambio de sistema de juzgamiento sigue siendo todo un reto para la rama judicial y precisamente el cambio se produjo para mejorar la diligencia de los procesos, ahorrar costos y tiempo en el desarrollo de los juicios.
Actualmente el Sistema Penal Acusatorio es atendido por 2.530 despachos judiciales, que representan el 59 por ciento de los despachos judiciales del país (juzgados y tribunales).
De acuerdo con el más reciente informe entregado por el Consejo Superior de la Judicatura, en relación con el número de servidores del área penal (funcionarios y empleados), hay cerca de 45 servidores por cada 100.000 habitantes, mayores de 18 años.
“Con el fin de dar cumplimiento al mandato de atención permanente por parte de los jueces en el sistema penal acusatorio, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ha organizado unidades judiciales municipales para ampliar la competencia a municipios que no cuentan con despachos judiciales (133 municipios en el año 2009), y realizando audiencias virtuales en municipios lejanos a las cabeceras de Cir-cuito o Distrito”, precisa el documento.

EN FUNCIONAMIENTO
El nuevo sistema empezó a funcionar el primero de enero de 2005 en algunas zonas del país, pero en todo el territorio nacional se oficializó el primero de enero de 2008. Durante estos años, se observó que el delito más frecuente es tráfico, fabricación o porte de estupefaciente, seguido del Hurto, porte ilegal de armas, homicidio e inasistencia alimentaria.
Cada uno de los procesos, señala el informe de la rama judicial, es atendido en promedio en 130 días, equivalente a 4.3 meses.
“Esta duración refleja una reducción del 572.8% respecto al promedio de tiempo de un proceso en Ley 600 de 2000 (anterior sistema), que co-rresponde a 875 días, es decir 29.2 meses (2.4 años)”, indica el informe.
Entre enero de 2005 y septiembre de 2009, se han adelantado 1.266.294 audiencias, de las cuales 802.959 son de Control de Garantías y 463.335 de conocimiento.
Tan sólo el 5 por ciento de las audiencias de Control de Garantías se realizaron en el 2005 y en los dos últimos años, (ya había una imple-mentación del sistema total a nivel nacional), se realizaron el 59 por ciento de las audiencias.
Según el informe de la judicatura, esas cifras explican ”la cobertura del sistema, la adaptación de las instituciones al mismo y el incremento de solicitudes de audiencias de control de garantías por parte de la Fiscalía”.
En cuanto a las solicitudes de las audiencias de Control de Garantías, la mayor concentración está en formulación de imputación, seguido de la legalización de captura e imposición de medida de aseguramiento.

CRÍTICAS
Pese al avance que ha tenido la justicia en varios aspectos, entre ellos la descongestión de procesos, el nuevo sistema empieza a recibir sus más fuertes críticas. Una de las más recientes tiene que ver con la libertad provisional otorgada a 31 militares involucrados en el escándalos de los llamados ‘falsos positivos’ por vencimiento de términos.
Dado la magnitud de este caso, expertos en el tema han opinado que hay que modificar los plazos de prisión provisional para los casos más importantes y de más complejidad procesal. De igual forma se ha criticado la congestión en los despachos que parece no tener una reducción importante con relación al antiguo sistema penal acusatorio.
No obstante, la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha hecho la propuesta de reunirse en Sala Plena para analizar la situación y mirar en qué podría estar fallando el nue-vo sistema y que alternativas son viables para evitar que los procesos se cierren por demoras administrativas y judiciales.

CASOS
Por los delitos de lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dineros, David Eduardo Helmuth Murcia fue declarado penalmente responsable por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que lo condenó a las penas de 30 años, 8 meses y 7.5 días de prisión y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa, más la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso de 20 años.

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