Los juristas del país cometen toda clase de irregularidades

Abogados que enredan a sus clientes, o jueces que desvían los fallos, deslucen el ejercicio del derecho en Colombia. 11.525 funcionarios judiciales han sido sancionados por el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) en los últimos 18 años, por actuar en contra de la ética de su profesión. De ellos, 10.110 son abogados. Estas cifras las entrega el CSJ, a través de su sala disciplinaria, al hacer un balance de su labor imponiendo sanciones a los trabajadores de la rama judicial. En los años 1996, 2005, 2006 y 2007, la sala Disciplinaria sancionó al mayor número de funcionarios. Del informe cabe resaltar que durante los últimos 18 años fueron absueltos 1.732 asuntos, que involucraron a 309 abogados y 1.423 funciona-rios judiciales, entre ellos jueces. Aunque son diversas las faltas en las que han incurrido los juristas, las sanciones son principalmente por no cumplir con las diligencias propias de su profesión o utilizar recursos para demorar procesos o no entregarlos. De igual forma, llama la atención que en muchos casos los abogados fueron sancionados por estafas a sus clientes, como retener dineros, bie-nes o documentos suministrados para las gestiones y utilizarlos en provecho propio o de un tercero. ALGUNOS CASOS Según el Presidente de la Sala Disciplinaria del CSJ, Ovidio Claros, es frecuente ver a abogados que reclaman los pagos que se ordenan me-diante fallo en beneficio de sus defendidos, pero luego no les informan a estos y se quedan con el dinero. Hay otros casos en los que el mismo abogado asesora a las dos partes involucradas en un proceso, hasta que logra el resultado que más le con-viene, para su beneficio económico, principalmente. También se ha sancionado a abogados porque cobran una parte de sus honorarios antes de asistir a la diligencia y cuando llegan a cumplirla le piden al defendido la otra parte, pero si éste no la tiene, dejan de representarlo sin devolverle la primera cuota entregada. En un alto porcentaje, también han sido sancionados los abogados que han dejado o descuidado sin justa causa el asunto de que se hubieran encargado. En los últimos 18 años, 666 abogados fueron sancionados por faltas contra el respeto debido a la administración de justicia, cometiendo inju-rias, acusaciones temerarias contra los funcionarios, abogados y demás personas que intervienen en los asuntos profesionales y 314 por actos fraudulentos. Para el magistrado Claros, “en la viña del Señor hay de todo y uno ve gente muy buena en su trabajo, pero también casos en los que los aboga-dos faltan a su deber profesional. Por eso hay que tener mucho cuidado e informarse antes de solicitarle servicios a uno”. Según explicó, el hecho de que tantos abogados cometan fallas éticas, tiene que ver con la formación que reciben en las universidades. INVESTIGACIONES RECIENTES A raíz de las recientes investigaciones abiertas contra jueces y fiscales porque habrían incurrido en irregularidades al otorgar libertades, la Sala Disciplinaria del CSJ revisará cuál es el actuar de todos y cada uno de los que han intervenido en torno a las decisiones. La más reciente investigación contra jueces y abogados es sobre el caso de las libertades otorgadas a los militares involucrados con los ‘falsos positivos’. Según el CSJ, se han dividido por casos y son cuatro los que ya empiezan a ser investigados en primera instancia, para no violar el debido proceso. “Revisaríamos si hay lugar a irregularida-des en algunas de las partes”, precisó. De esta manera, se verá si hubo dilaciones en los procesos y si el juez, en uso de su autonomía funcional, ha confundido su acción con la arbitrariedad por una interpretación inadecuada. Entre otras investigaciones pendientes de connotación nacional están las iniciadas a los quince abogados que tuvieron que ver con la captadora DMG, por motivos como recibir millonarias sumas de dineros de la intervenida captadora para hacer lobby en el Congreso de la República, haber promovido acciones jurídicas temerarias contra el juez o presentar información falsa dentro de los procesos. También se investiga al juez de Bogotá que dejó en libertad a siete guerrilleros que estaban al mando de Bernardo Mosquera Machado, alias ‘El Negro Antonio’, del frente Antonio Nariño, que delinque en el centro del país. Entre los jueces investigados está el Quinto de la misma ciudad, que les concedido la libertad al empresario Felipe Sierra y a John Freddy Manco Torres, alias “El Indio”’, presuntamente vinculados con Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”.