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Militares procesados por violación a los DD.HH. pasarán a manos de la justicia ordinaria

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La plenaria de la Cámara aprobó en la noche de este martes la creación de una Justicia Penal Militar, dentro del proyecto de Reforma a la Justicia.

A pesar de los llamados de atención de la ONG Human Rights Watch (HRW) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para que este artículo no fuera incluido, los representantes le dieron el voto, aunque aún a la reforma le quedan otros cuatro debates en Senado.

Con la aprobación del artículo 11 de la Reforma, hasta ahora se establece que será la justicia penal militar la que conozca, en primer lugar, sobre los delitos que cometen los miembros de las Fuerzas Militares.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó que dará la respuesta apropiada ante las críticas que se han hecho y agregó que “estamos tratando de obrar de manera correcta impidiendo la impunidad”.

De igual forma, el jefe de la cartera de Defensa manifestó que casos como los falsos positivos “son una violación a todos los Derechos Humanos y como tal, de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional y con el artículo tres del código de justicia militar, pasan automáticamente a la justicia ordinaria”.

A su turno, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dio a conocer que en los próximos días será enviada una carta, por parte del Gobierno, a la ONG HRW, en la que se le explicará "de qué se trata" el artículo referente al fuero militar.

LA SUPERCORTE

La llamada ‘supercorte’, que se encargará de investigar a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General de la Nación, el Procurador, el Contralor y el Defensor del Pueblo, también fue aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes.

El artículo, que establece la creación de la ‘supercorte’, señala que el Tribunal estará conformado por seis magistrados elegidos así: dos por el Presidente de la República, dos por la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura y dos más por el Congreso. Los congresistas serán los encargados de escoger entre los candidatos de las partes, quienes confirmaran el Tribunal que también los investigará en primera instancia.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo al respecto que "la supercorte no hace sino de primera instancia y será la Sala Penal de la Corte la que haga de segunda instancia en todos los casos. Yo creo que esta es una garantía, que mejor que sea la Sala Penal la que conozca en segunda instancia de los procesos contra aforados".

Así mismo, el jefe de la cartera política dijo que el Gobierno piensa que "la Sala Administrativa está bien que se sustituya por la Sala de Gobierno, en nada afecta la independencia de la Rama".

EL GOBIERNO NO APOYA EL HABEAS JURIS

De otro lado, el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que se opone a la figura del habeas juris, la cual busca ser superior a la tutela.

El habeas juris, tal como fue aprobado, podrá ejercerse ante la autoridad jurisdiccional o superior, cuando se considere violado un derecho fundamental.

Para Esguerra, la figura, en vez de descongestionar los despachos judiciales, apuntaría a congestionarlos, "porque implicaría que respecto de una providencia judicial, pudiera haber recursos ordinarios o extraordinarios (…) puede haber una acción de tutela y, además, un recurso de "Habeas Juris", lo cual en vez de acelerar va a demorar".

Por esa razón, el Ministro afirmó que desde el punto de vista del Gobierno, la posición es clarísima en que "no nos gusta".

De otro lado, la plenaria de la Cámara aprobó un artículo que establece límites a las altas indemnizaciones por las demandas contra el Estado colombiano.

Según la iniciativa del representante Jaime Buenahora, la reforma a la justicia podrá establecer los eventos en que la responsabilidad del Estado esté limitada, excluida o condicionada.

Esguerra explicó que ese artículo regula el monto de las indemnizaciones que tendrá que pagar el Estado, "porque el Gobierno, el Estado y los colombianos vemos con preocupación como han venido creciendo los montos de ciertas indemnizaciones y de ciertas condenas que se imponen al Estado".

De otro lado, uno de los artículos que aprobó la plenaria este martes establece que notarios y funcionarios administrativos de los despachos judiciales, y en ciertos casos, algunos abogados, puedan fallar en los más de dos millones y medio de procesos estancados.

Al respecto, Esguerra dijo: "no se trata de que ellos (los abogados) vayan a resolver los recursos de casación, pero sí asuntos de menor entidad que congestionan enormemente los despachos".

El Ministro espera que la aprobación de la Reforma a la Justicia termine entre este martes y miércoles.

CHOQUE DE TRENES

De otro lado, el representante del Partido Verde Alfonso Prada, quien hace parte de la comisión conciliadora de la Cámara, anunció que el Gobierno le dio el visto bueno a una proposición para acabar con los "choques de trenes".

Prada explicó que dicha propuesta señala que "la Corte Constitucional es el Tribunal de cierre en materia de interpretación de derechos constitucionales y se acaba el enfrentamiento entre Cortes. Vamos a respetar, en materia constitucional, lo que la Corte Constitucional cierre y determine".


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