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Minería y palmicultura, nuevas causas de desplazamiento en Colombia

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La explotación minera y el cultivo de palma se han convertido en nuevas causas del desplazamiento forzado en Colombia, donde los paramilitares, las guerrillas y los militares continúan provocando ese fenómeno, denunció una ONG el miércoles. 

“Se está consolidando un despojo de tierra (a la par que) se está consolidando una inversión extranjera, especialmente en minería y palmicultura, que está relacionada con el desplazamiento forzado”, dijo Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). 

Según Rojas, 32% de las 280.000 personas desplazadas que se registraron en Colombia en 2010 provienen de zonas donde esas dos actividades económicas se han incrementado notoriamente. En 2009 fueron 286.000 desplazados. 

Se trata de regiones donde el gobierno busca consolidar el desarrollo económico, tras el supuesto desalojo llevado a cabo hace pocos años de grupos armados ilegales. 

“La fiebre por acelerar la locomotora de la minería en territorio de violencia y pobreza empieza a subir en medio de la ambición desbordada de grandes empresas”, señala un diagnostico del CODHES al respecto, que asegura que entre 2002 y 2009 la superficie con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones de hectáreas. 

El desarrollo de la minería, especialmente la aurífera, es uno de los pilares del impulso económico que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos quiere darle al país. 

Respecto a la palmicultura, el diagnóstico de CODHES llama la atención sobre el hecho que, “se registren procesos de siembra intensiva de palma aceitera que coinciden con el mapa de expulsión de población”. 

El desplazamiento sigue siendo un problema estructural en la crisis de derechos humanos en Colombia”, donde, “cada año, en los últimos 25 años, 208.000 personas en promedio, fueron desplazadas”, dijo Rojas al presentar a la prensa el informe: “Desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia en 2010”. 

Los paramilitares siguen siendo el primer grupo armado ilegal que provoca el desplazamiento forzado, aseguró Rojas al referir que las denominadas nuevas bandas criminales (Bacrim) son una nueva expresión de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia Auc.

Le siguen las guerrillas izquierdistas que en algunos casos actúan en alianza con las bandas criminales, señaló, y en tercer lugar la fuerza pública. 

El gobierno de Santos asegura que las Bacrim no son grupos paramilitares sino criminales al servicio del narcotráfico, y las ha declarado como la principal amenaza que enfrenta actualmente el país. 

Entre 2003 y 2006, en el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe unos 32.000 miembros de las Auc se desmovilizaron a través de la Ley Justicia y Paz, que otorgó a sus jefes beneficios procesales a cambio de la confesión de crímenes y la reparación a las víctimas. 

Pese a esa desmovilización, Rojas afirmó que “en Colombia el paramilitarismo sigue siendo una lamentable realidad”, y aseguró que esas bandas son una “reedición del paramilitarismo con nuevos nombres, aunque con modificaciones en sus dinámicas y en sus características”. 

Tras estimar en 11.000 los integrantes de las Bacrim, explicó que ahora los paramilitares “se fragmentaron en muchos grupos y operan controlando buena parte de la institucionalidad local” de las zonas donde actúan. 

Además aseguró que “desde ya están incidiendo en el próximo proceso electoral” para las elecciones municipales de octubre próximo. 

En coincidencia con ese diagnóstico, este miércoles el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, dijo a periodistas que 300, de los 1.104 municipios del país, están en riesgo electoral por la influencia de las Bacrim.

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