En menos de 48 horas se conocerá la decisión del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Luis Fernando Ramírez quien definirá si cobija o no con medida de aseguramiento a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado y al exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno por el caso de las ‘chuzadas’.
Según la defensa los afectados por los seguimientos ilegales, al parecer desde el DAS, existen “pruebas fehacientes” que demuestran la responsabilidad de Moreno y Hurtado en dichas acciones.
Por su parte, los abogados de los implicados aseguran que la Fiscalía tiene una “apreciación subjetiva y equivocada” sobre la responsabilidad de sus clientes en las "chuzadas".
Vale recordar que el pasado miércoles ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, la fiscal general, Viviane Morales, expuso clara y concisamente las pruebas que tiene el ente acusador contra de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno por su presunta responsabilidad en las interceptaciones ilegales contra magistrados, periodistas y congresistas opositores.
Según la exposición de la Fiscal los dos exfuncionarios idearon y llevaron a cabo una "organización criminal" con el único fin de “desprestigiar” las personas que fueron consideradas blancos políticos por la administración del entonces presidente Álvaro Uribe.
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Todo esto comenzó el 12 de septiembre de 2007 cuando Moreno contactó a la recién posicionada directora del organismo de inteligencia, hoy protegida en Panamá, para manifestarle "que el interés del señor presidente de la República (Uribe Vélez) era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell".
Añadió además que las investigaciones “evidencian seguimientos sistemáticos desde septiembre del 2007 hasta agosto del 2008 que no fueron aislados, contra personas consideradas blancos políticos", señaló la fiscal.
Morales indicó además que se hicieron “labores de inteligencia ilícita hacia magistrados de la Corte Suprema, ordenadas por Moreno y Hurtado, así como reuniones en Palacio, el DAS y la oficina de la UIAF. A lo que se sumó la filtración de información a los medios de comunicación con fines de desprestigio (a los afectados)", precisó.
Después de más de dos años de investigación la Fiscal General aseguró que las pruebas y testimonios recolectados, entre las que se encuentran, las de altos exfuncionarios del organismo de inteligencia como el exdirector de Inteligencia del DAS, capitán Fernando Tabares, permiten inferir una activa participación de los dos exfuncionarios en dichas actividades ilegales.
La Fiscal General puso sobre la mesa dos eventos “graves” que parecían desconectados pero que ahora son parte de la argumentación jurídica del proceso por ‘chuzadas’. El primero de ellos fue la visita del excomandante paramilitar conocido con el alias de ‘Job’ y el otro los señalamientos en contra de la excongresista Yidis Medina de tener nexos con guerrilleros en Santander.
Según la fiscal, la exdirectora del DAS, por instrucciones de Bernardo Moreno, le ordenó a su subdirectora de operaciones, Martha Leal, viajar a Medellín y recoger un sobre que tenía como destinatario al Presidente. Según las pruebas en ese sobre estaba contenida la declaración del exparamilitar alias %Tasmania% contra el magistrado auxiliar de la Corte Suprema y coordinador de la ‘parapolítica’ Iván Velásquez, quien en esos momentos estaba finalizando la investigación en contra del senador Mario Uribe, primo del expresidente, y quien fue señalado en su momento de tener nexos con paramilitares.
El segundo de los hechos llamativos a los que hizo referencia la Fiscal General está relacionado con los señalamientos registrados en abril de 2008 cuando se acusó a la excongresista Yidis Medina de relacionarse con grupos guerrilleros en Santander y haber participado con ellos en un secuestro.
El DAS convocó una rueda de prensa en la que el exfotógrafo de Vanguardia Liberal Jesús Villamizar declaró haber sido amenazado por Yidis porque había tomado unas fotos de ella con guerrilleros del ELN. “Sin embargo se pudo confirmar que la exdirectora del DAS autorizó el pago de 20 millones de pesos al fotógrafo para que este entregara un falso testimonio contra la principal protagonista de la llamada yidispolítica”.
Señalando así que días antes el periodista Daniel Coronell había entrevistado a Medina, quien había denunciado que había recibido el pago de comisiones para que cambiara su voto a favor del proyecto que buscaba la posibilidad de la reelección presidencial.
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