Colombia


Noguera denunció complot en su contra

EL UNIVERSAL

01 de julio de 2011 12:01 AM

Según Jorge Noguera Cotes él se vio obligado a renunciar a su puesto como cónsul de Colombia en Italia cuando los medios de comunicación empezaron a denunciarlo como el responsable directo de la infiltración del paramilitarismo en el DAS lo “que me podía llevar a una imputación de cargos y un proceso judicial”.
Manifestó además que “dadas estas presiones mediáticas” y de algunos sectores del Gobierno se devolvió a Colombia, sin embargo se enteró por sus abogados que no iba a ser llamado a indagatoria por parte de la Fiscalía lo que le molestó muchísimo por lo que pidió una reunión con el entonces ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega.
“Sabas (Pretelt) me dijo venga Jorge entiéndeme -en un tono muy nervioso-, está el tema de la reelección de por medio, esto le hace mucho daño al país, el tema tuyo. Mario Iguarán me dijo que ahí no había nada en esas acusaciones de (Rafael) García, pero que le tocaba este tema. Esto es un tema que hay que superar porque estamos a días de la reelección y esto le puede hacer daño al país”, manifestó Noguera ante la Sala Penal de la Corte durante los alegatos finales del proceso por parapolítica.
Señaló que en ese momento se cuestionó sobre la posibilidad de que el Gobierno y la Fiscalía se “habrían puesto de acuerdo para involucrarme a mí en un proceso para así salvar la reelección”, precisó el exdirector del DAS mientras señalaba que él nunca fue amigo personal de Álvaro Uribe ni su mano derecha “como lo querían hacer parecer”.
Manifestó además que el nombramiento del  polémico José Miguel Narváez como subdirector del organismo de inteligencia fue por orden del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
Noguera señaló que “es curioso” que el único decreto que no aparece en la página de Presidencia es el decreto con el que se nombró a Narváez, hoy investigado por el asesinato del periodista Jaime Garzón y el congresista Manuel Cepeda Vargas, además de la interceptación ilegal y seguimientos en contra de periodistas, magistrados y defensores de derechos humanos.  
 

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