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Nuevo choque entre la Procuraduría y la Corte Constitucional por el aborto

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, sostuvo que la Corte Constitucional pretendió “limitar (sus) competencias constitucionales” por medio de un auto en el que informó la decisión de negar la petición de nulidad elevada por el Ministerio Público de una sentencia sobre un caso de aborto.

Se trata del Auto 038 de 2012, con que negó el incidente de nulidad sobre la sentencia de la Corte número 285 del 2010, en el caso de una mujer que a la que le practicaron un aborto aunque, según el Ministerio Público, no se configuraba ninguno de los casos amparados por la Corte Constitucional.

Esto por cuánto la Corte ordenó compulsar copias al Tribunal Nacional de Ética Médica y al Consejo Superior de la Judicatura para que investigaran la conducta de la médica que atendió a la mujer y del juez y de los empleados del despacho de segunda instancia que suministraron a la Procuraduría el expediente del caso.

“Con igual preocupación, el procurador Ordóñez Maldonado advierte que en esta decisión la Corte Constitucional también envió copias a la Fiscalía General de la Nación con el propósito de injerir en la investigación penal que actualmente se adelanta contra la mujer actora, quien sin cumplir con ninguna de las causales establecidas en la Sentencia (…) se practicó un aborto en un establecimiento clandestino”

No obstante la posición de Ordóñez, la Corte ha señalado en múltiples decisiones que en estos casos de aborto se debe a toda costa, por todas las partes, tomar todas “las medidas adecuadas con el fin de que se guarde estricta reserva y confidencialidad en relación con el proceso de tutela y en especial con la identidad e intimidad de la peticionaria”.

Sobre este caso específico, la Corte negó ese incidente de nulidad aduciendo también que ninguno de los argumentos era válido y advirtiendo que el Procurador lo que pretendía realmente era “reabrir el debate y examinar controversias ya definidas, cuya solución no comparte”, por lo que reiteró que “la inconformidad con la interpretación realizada por la Corte no implica la vulneración del debido proceso”.

Ahora la Procuraduría anunció que intervendrá en los procesos disciplinarios y ético disciplinarios que se adelanten contra los jueces y la médica citada “cuyo derecho al debido proceso se ha visto gravemente afectado, en defensa de éste y de todos sus derechos fundamentales, así como del ordenamiento jurídico”.

 



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