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ONG piden depurar archivos ilegales de inteligencia contra defensores de DD.HH.

Durante la reunión de la tercera Mesa Nacional de Garantías, 46 ONG de Derechos Humanos pidieron al Gobierno que se depuren los archivos de inteligencia que se hayan recopilado sin motivo alguno.

“Los archivos de inteligencia registran, la mayoría de las veces de forma infundada, tratos contrarios a defensores de Derechos Humanos que son considerados sospechosos de estar vinculadas a guerrilla por el sólo hecho de ser defensores. Así que hemos pedido una depuración de esos archivos”, explicó el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón.

Frente a esta petición y otras más, el ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera, reiteró el compromiso del Gobierno y de la Fuerza Pública con el respeto a los Derechos Humanos y la protección a los activistas de las organizaciones relacionadas con el tema.

“No hay condiciones uniformes de seguridad en este país, pues hay algunas partes en que estamos confrontando reciamente a los grupos ilegales y nuestra obligación es neutralizarlos  y proteger a la población para que gocen de las condiciones mínimas de seguridad para poder ejercer sus libertades”, dijo Rivera.

De igual forma, Rivera señaló que el enfrentamiento con  los grupos armados ilegales no admite la utilización de cualquier medio y anunció acciones del Gobierno en el tema de inteligencia que permitan mejorar esta actividad, como la presentación al Congreso del proyecto de ley de inteligencia, un nivel más alto de mando para la autorización de operaciones de inteligencia y la propuesta de no dar valor probatorio a información de inteligencia en procesos judiciales. Asimismo, se comprometió a proteger a las comunidades vulnerables.

“Hemos denunciado la actitud sistemática de grupos narcoterroristas de convertir a las comunidades indígenas, por ejemplo, como escudos humanos (…) por eso nuestra presencia en sus territorios más que un derecho es una obligación”, dijo y agregó que estos abusos incluyen la presión para sembrar cultivos ilícitos y oponerse a la incautación de narcóticos.

El ministro Rivera anunció medidas para mejorar los criterios en el caso de la objeción de conciencia, fortalecer la protección a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ y de personas que forman parte del proceso de restitución de tierras.

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