La justicia ordinaria debería encargarse en Colombia de investigar a militares implicados en ejecuciones extrajudiciales, dijo el representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos tras criticar la falta de credibilidad de la justicia militar.
En una entrevista publicada el domingo por el diario El Espectador, Christian Salazar, representante de Naciones Unidas, desestimó la credibilidad de la justicia penal militar (encargada de juzgar a los uniformados), en un país donde al menos 15.600 personas habrían sido desaparecidas por agentes de Estado y fuerzas paramilitares.
“La justicia penal militar no ha tenido ninguna credibilidad para nosotros porque no actuó cuando se presentaron las primeras ejecuciones extrajudiciales. Por eso es necesaria una reforma exhaustiva de la justicia penal militar que fortalezca su credibilidad”, dijo Salazar.
El representante de la ONU ejemplificó miles de casos que quedaron en la impunidad después que la justicia penal militar cerró las investigaciones, con el agravante de que los militares detenidos en ocasiones gozan de beneficios en los centros de reclusión especiales.
“De 322 reclusos que estaban en la cárcel de Tolemaida, cerca de 250 fueron condenados por participar en ejecuciones extrajudiciales. Desde el punto de vista internacional, esta es una forma grave de impunidad y corrupción que el Estado no debe permitir”, indicó.
El pasado abril el comandante del Ejército colombiano, general Alejandro Navas, admitió corrupción e irregularidades que beneficiaron a cientos de militares detenidos por desapariciones forzadas dentro de una cárcel de la base militar (Tolemaida), ubicada 130 kms al sur de Bogotá.
“Las Fuerzas Armadas deben abordar varias reformas internas para garantizar la no repetición de este lamentable fenómeno”, precisó.
Salazar recomendó establecer una comisión independiente que revise todos los casos sobre muertos en combate en la justicia penal militar colombiana, y además fortalecer la política carcelaria militar, sobre todo cuando se trate de presos que han cometido violaciones de derechos humanos.
Asimismo, consideró que para evitar la impunidad y eliminar esta práctica las fuerzas armadas deben ponerse a disposición de la justicia ordinaria en los casos de los llamados falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) que están en la justicia penal militar.
Finalmente, estimó que es necesario reabrir cientos de investigaciones contra militares por denuncias de desapariciones forzadas.
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