La relatora de Minorías de la ONU, Gay McDougall, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la impunidad de los paramilitares en Colombia, en un informe presentado el martes sobre su visita a ese país para investigar la situación de los afrodescendientes.
“La existencia y el crecimiento de esos grupos se deben en gran parte a los procesos de desmovilización y justicia de transición que han redundado en impunidad para los paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos”, afirmó McDougall al referirse a la Ley 975 de 2005, de “Justicia y Paz”, mediante la cual se beneficiaron 50.000 paramilitares en Colombia.
“Si bien los nombres, los uniformes o tácticas de los grupos armados ilegales pueden haber cambiado, persiste la violencia en forma de asesinatos selectivos, desapariciones, intimidaciones y confinamientos forzosos”, subrayó la relatora, citando los nuevos nombres de “Las Aguilas Negras” o “Los Rastrojos” que identifican ahora a los paramilitares.
“La verdad sobre por qué han muerto decenas de miles de personas y quienes fueron los responsables permanece oculta, y ni las víctimas ni sus seres queridos han recibido reparación”, agregó en cuanto a los casi 17.000 asesinatos y desapariciones que las ONGs atribuyen a los paramilitares entre 2002 y 2008.
McDougall indicó que “al mes de septiembre de 2010 sólo dos personas habían sido condenadas por los delitos tipificados” en dicha ley de “Justicia y Paz”, un dato actualizado por las ONGs, que precisan la existencia de tres condenaciones al día de la fecha, todas en instancia de apelación, es decir que no son todavía decisiones judiciales firmes.
La relatora señaló que “El programa de reparación no proporciona ninguna indemnización económica por los delitos relacionados con los derechos a la propiedad ni por las violaciones colectivas de los derechos de las comunidades” afectadas, pero la embajadora de Colombia en Ginebra, Alicia Arango Olmos, anunció la promoción de un “proyecto de ley” para otorgar reparación.
Sobre la minoría que constituyen los 10 millones de afrocolombianos, la relatora recordó “el asesinato de unos 20 líderes”, una comunidad además obligada al “confinamiento”, por “la violencia, amenazas y bloqueo económico”, cuyos territorios “tienen una importancia estratégica para los grupos armados ilegales dedicados a la producción y el tráfico de estupefacientes”.
A la “Comisión Colombiana de Juristas” le llamó la atención “los 1.300.000 afrodescendientes que han sido desplazados de sus tierras” (casi la tercera parte del total de la población desplazada del país y más del 12% del total de afrocolombianos), crímenes de “elevadísima impunidad”, con “ausencia de reparación”.
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