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ONU pide mayor protección para los reclamantes de tierras en Colombia

La oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió al gobierno una mayor protección para las personas que demandan la restitución de sus tierras en el marco de una ley que empezará a aplicarse formalmente en enero.

“El Estado tiene ante todo la responsabilidad de proteger y garantizar la vida. La vida debe estar por encima de la propiedad”, dijo el alemán Christian Salazar, representante del comisionado en Colombia, durante el lanzamiento de una campaña publicitaria conjunta con la Iglesia para la divulgación de la ley.     

Al menos una decena de líderes de reclamantes de tierras han sido asesinados desde que Juan Manuel Santos asumió la presidencia en agosto de 2010 y comenzó a impulsar una ley de víctimas que incluye la restitución de tierras a campesinos desplazados por el conflicto y fue promulgada en junio.     

Salazar, que reiteró su apoyo firme a la legislación, propuso al gobierno la creación de una figura que coordine a los diferentes cuerpos de seguridad y justicia en la implementación de medidas de protección para las víctimas “antes, durante y después del proceso de restitución”.     

El ministro de Agricultura colombiano, Juan Camilo Restrepo, reconoció en el mismo evento que “el problema de la falta de seguridad existe” alrededor de las 350.000 familias que calculó que pueden acogerse a la ley.     

“El gobierno no subestima el problema del riesgo pero también hace un llamado a no paralizar el proceso de restitución de tierras por las dificultades que hay, porque las vamos a contrarrestar”, subrayó el funcionario.     

El propio Santos reafirmó el sábado que el gobierno seguirá adelante con este monumental proceso, en el que se propone devolver al menos 2 millones de hectáreas arrebatadas desde 1991 mayoritariamente por grupos armados de extrema derecha y las guerrillas izquierdistas.     

La campaña informativa 'Por el derecho a la Vida Digna y a la Restitución de Tierras' fue lanzada este lunes por la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia, con el apoyo de la Embajada de Canadá, para que las víctimas conozcan el procedimiento para presentar las solicitudes de restitución, que la justicia comenzará a analizar a partir de 2012.    

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