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Ordenan prisión domiciliaria a exdirectora del CTI

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La juez 59 de garantías en Bogotá ordenó la detención preventiva de Marilú Méndez Rada, exdirectora del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, por presuntamente haber influido sobre el exdirector del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal - Fondelibertad, Harlan Henao para que contratara servicios con empresas que pertenecen a su familia.

Según la Juez, la exdirectora del CTI podría intervenir en la investigación de la Fiscalía, debido al cargo directivo que ocupaba en dicha entidad, además de que según las evidencias presentadas “sí es razonable pensar que existe algún grado de responsabilidad el los delitos imputados.

Méndez Rada deberá permanecer recluida en su casa mientras responde por los delitos de tráfico de influencias, peculado por apropiación y falsedad en documento público, que la semana pasada le imputó un fiscal de la Unidad Anticorrupción.

Los hechos según la investigación

Según la investigación de la Fiscalía, Mendez habría influido Harlan Henao, para favorecer a la sociedad Fares S.A.S. para una capacitación a la Policía Judicial, por medio del contrato 193-2009. Por valor de 51 millones de pesos. En otro contrato por valor de 99 millones de pesos, la exfuncionaria supuestamente influyó para favorecer a la firma Idrobo y Asociados, perteneciente a su exesposo Luis Idrobo Gómez.

La exdirectora también es acusada por el supuesto traslado de un personal de la Fiscalía General de la Nación de Cali a Bogotá para que dictaran la capacitación adjudicada a una de las firmas en la que intervino. Al parecer, los gastos de traslado corrieron por cuenta de la propia Fiscalía, generando un detrimento de por dos millones ochocientos mil pesos a la entidad, trámite para el cual habría utilizado documentación falsa.

La defensa apela la decisión

La defensa de Méndez Rada apeló la decisión de la juez de garantías, argumentando que la actuación de su cliente no fue dolosa, es decir que no huno interés en un beneficio personal en los contratos, dados que las empresas Fares S.A.S. e Idrago Asociados S.A. estaban capacitadas para llevar a cabo el contrato.

Según la defensa, este tipo de contrataciones se pueden realizar de forma directa, sin licitación, y de manera reservada por cuestiones de seguridad. En este sentido, según el abogado, no se puede concluir que su cliente sea considerada un peligro para la sociedad, como lo dijo la juez de garantías. Este recurso será resuelto por un juez de conocimiento. 

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