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Paso a paso del plan oficial para frenar el hurto de celulares

El asesinato de un sacerdote en Bogotá por robarle su celular fue el último hecho trágico que impulsó al Gobierno a expedir el decreto que estaba cocinando desde hace varios meses, con la intención de frenar el hurto de teléfonos y la venta de los aparatos robados, una cadena de delito que en el último año ha causado 490 muertes.

Se trata del Decreto 1630 del 2011, que establece restricciones para la utilización de teléfonos celulares robados o extraviados en el país. La medida traerá cambios en el consumo del servicio de telefonía y nuevas obligaciones para los vendedores de equipos y para los usuarios.

Estos son los temas más importantes que deben tenerse en cuenta con la aparición del decreto:

1.¿Qué cambió para los vendedores de celulares?

Los comerciantes de celulares, de aparatos nuevos o usados, deberán contar con una autorización de los operadores de telefonía celular para funcionar. Un tema que les puso los nervios de punta a algunos usuarios, pues se teme que con la medida los operadores aumenten los costos de los móviles. 

Sin embargo, el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Diego Molano, afirmó que para evitar que el control quede en manos de los operadores, el Ministerio también emitirá autorizaciones a los vendedores que cumplan con las condiciones previstas en la Ley 232 de 1995, que establece las reglas para los establecimientos comerciales. 

Cada punto de venta deberá exhibir el documento que lo autoriza como tal, con un número de identificación que lo certifica y legaliza. La lista de los establecimientos autorizados para vender equipos celulares estará disponible en las páginas web de los operadores y en el Sistema de Información integral administrado por el Ministerio de las TIC. 

Todos los comercializadores de celulares tendrán dos meses para acogerse a la norma y pedir la autorización a los operadores o al Ministerio. Luego de ese lapso, quien no cumplas las condiciones será sancionado. 

2.¿Qué deben saber los usuarios?

A la hora de comprar un celular el usuario deberá recibir un certificado obtenido de la página web de la Comisión de Regulación, que garantice la calidad técnica para que el aparato pueda ser usado. Además, la factura de compra deberá tener el IMEI (Indicador internacional del equipo móvil), que funciona como la cédula del teléfono.

Si la persona adquiere el equipo en el exterior, para activarlo en Colombia deberá presentar el recibo de compra del establecimiento, o el comprobante del pago en efectivo, cheque, tarjeta débito o tarjeta crédito, para que el operador pueda verificar el origen legal del aparato. 

Otro asunto que deberá tener en cuenta el usuario es que si recibe un celular que ya esté registrado con el nombre de otra persona, para poderlo activar deberá presentar, además de la factura de compra, una carta del propietario del celular autorizando el cambio de titularidad. 

Por eso, si un usuario está pensando en obsequiar un celular, deberá incluir en el empaque la factura de compra, un detalle indecoroso para muchos, pero que le evitará inconvenientes al afortunado a la hora de activar su móvil.

3.¿Para qué son estos cambios?

Lo más importante de este revolcón es que el decreto les impuso a los operadores la creación de dos bases de datos únicas: una positiva, que tendrá la lista de los celulares legales, y otra negativa, que tendrá los números de móviles reportados como robados o extraviados, para que no puedan ser activados. 

Hoy cada operador tiene su lista negativa, pero ninguna positiva. La idea con el decreto es crear dos bases únicas conformadas entre todos los operadores, para contrastar información y saber qué celulares pueden entrar en operación porque cumplen con todos los requisitos.

En la base de datos positiva aparecerá el IMEI o cédula de todos los celulares que ingresen legalmente al país o que sean fabricados o ensamblados en Colombia. Una vez que el usuario adquiere el móvil, el operador que lo activa debe incluir en la base de datos el número de identificación del comprador asociado al teléfono.

El objetivo es que la información siempre esté actualizada y se pueda revisar en línea, una responsabilidad que recae en el operador, pero también en los fabricantes e importadores, que deberán aportar los datos de los celulares que ingresan al mercado colombiano.

El decreto dio seis meses a los operadores para que ingresen tanto el número de identificación de los celulares que están activos, como de sus propietarios. La medida da vía libre para que los operadores permitan que cada usuario haga su registro y su celular quede con la marca de legalidad.

Los datos de los dispositivos móviles incluidos en la “lista negra” se podrán compartir con filiales en otros países, para evitar que los equipos robados que no pueden ser comercializados en Colombia se vendan en el exterior.

De igual forma, los celulares reportados como robados o extraviados podrán excluirse de la lista negativa cuando el propietario manifieste ante su operador que lo recuperó y solicite su reactivación. Conviene guardar de ahora en adelante las facturas de los celulares, para agilizar los trámites y evitar que móviles queden inactivos por falta de papeles.

4.¿Quién controlará y sostendrá las bases de datos?

El decreto especifica que los operadores serán los responsables de realizar la contratación y asumir los costos de implementación, administración, operación y mantenimiento del sistema que soportará las bases de datos positiva y negativa.

Aunque se especifica que la administración de este montaje quedará a cargo de una persona jurídicamente independiente, no se especifica quién será el ente que tendrá en su poder la información de operaciones móviles del país.

Tampoco queda claro de dónde sacarán los recursos los operadores para hacer este montaje. Lo que se espera es que no lo terminen pagando los usuarios en sus tarifas, sino que las empresas hagan uso de sus utilidades.

 

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