Pedirán acompañamiento de ONU en juicio por AIS

El exsecretario general del Ministerio de Agricultura Juan David Ortega cuestionó fuertemente la forma en que se han venido adelantando las investigaciones en el proceso por presuntos manejos irregulares en la entrega de dineros desde el programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
Ortega asegura en una carta que ninguno de los, hasta ahora vinculados al proceso ha contado con una justicia imparcial y por el contrario “la justicia mediática está prejuzgando a personas inocentes”.
“Bien sabido es que no existe cosa más devastadora para una sociedad que una justicia que realiza su trabajo para dar gustos a terceros”, señaló el exfuncionario quien de paso aseguró que este viernes asistirá a la audiencia de imputación de cargos que se adelantará en su contra.
Además, rechazó la medida de aseguramiento impuesta a cuatro de sus excompañeros, incluido el exviceministro Juan Camilo Salazar: “Una audiencia previa, realizada a cuatro excompañeros míos en el Ministerio de Agricultura concluyó este lunes con su detención en establecimiento carcelario, en hecho que ha merecido el repudio de los mismos medios que clamaban porque el tema de Agro Ingreso Seguro tuviera un desenlace ejemplar”.
Por esta razón anunció el acompañamiento de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, en la audiencia que se le adelantará este viernes con el fin de preservar su “derecho a la presunción de inocencia y a la libertad personal”.
Finalmente, Ortega dijo que pondrá la cara ante la justicia  e insistió en su inocencia argumentando que simplemente le dio cumplimiento a un proyecto aprobado por el congreso de la República.
La audiencia de Ortega tuvo que ser reprogramada para esta semana debido a que una excusa médica le impidió asistir a la diligencia realizada la semana pasada en los Juzgados de Paloquemao.
Ésta es la carta completa enviada por Ortega:
“El día 15 de abril me presentaré a la Audiencia de Imputación de cargos que ha solicitado, en mi contra, la Fiscalía General de la Nación. Tengo la convicción invencible de haber obrado dentro de los lineamientos del marco legal colombiano y de no haber pretermitido norma alguna ni del derecho administrativo y mucho menos, del penal.
De manera general la legislación nacional e internacional establece que la prisión preventiva jamás puede tener carácter punitivo, pues se derrumbarían las garantías judiciales y el derecho a un juicio justo e imparcial. Por ejemplo, el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que la prisión preventiva jamás debe ser la regla general, pues sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia.
Una audiencia previa, realizada a cuatro excompañeros míos en el Ministerio de Agricultura concluyó este lunes 11 de abril con su detención en establecimiento carcelario, en hecho que ha merecido el repudio de los mismos medios que clamaban porque el tema de Agro Ingreso Seguro tuviera un desenlace ejemplar. Son los mismos comunicadores los que ahora reconocen que la justicia mediática está prejuzgando a personas inocentes. Bien sabido es que no existe cosa más devastadora para una sociedad que una justicia que realiza su trabajo para dar gustos a terceros.
Además, en el presente caso se está aduciendo dicha detención intramural no sólo como un acto punitivo, sino como una tortura psicológica para buscar que alguno de nosotros se acoja a un principio de oportunidad de un delito inexistente con el fin de buscar pretendidos culpables en esferas jerárquicas superiores, como lo señala el editorial de hoy del diario El Espectador. Lo anterior viola a todas luces los principios fundamentales del derecho internacionalmente reconocidos.
Por lo ocurrido en la audiencia mencionada, por el talante de los juicios muy políticos y poco jurídicos allí planteados, por reconocimiento expreso de la opinión pública de la enorme injusticia que se está cometiendo en este tema, y convencido de mi inocencia, he decidido solicitar un acompañamiento a la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Delegación de la Unión Europea en Colombia en mi Audiencia de Imputación de Cargos, pues considero que no hay garantías para preservar mi derecho a la presunción de inocencia y mi derecho a la libertad personal.
Agro Ingreso Seguro es una Ley que fue aprobada por el Congreso de la República y nuestra labor, como funcionarios públicos fue ejecutar un mandato legal, bajo los principios de buena fe, tal como fue realizado a cabalidad y en estricto apego a las normas. En este escenario tenemos la mayor disponibilidad y prestancia para dar explicación de nuestros actos en cualquier escenario que se nos solicite, no obstante, para ello, es indispensable que se nos garantice una impartición correcta de justicia y las garantías que son propias de estos procesos”.