Unas 20.000 personas marcharon ayer por las calles de Bogotá y Cali en protesta por medidas que adoptó el Gobierno para paliar la crisis económica que vive el sector de la salud y que han desembocado en uno de los más recientes dolores de cabeza para la administración de Álvaro Uribe. En la marcha de unos tres kilómetros participaron líderes y miembros de organizaciones sindicales y ciudadanas que se apostaron en diferentes puntos de la capital para caminar hasta la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad para exigir la “derogación total” de los 14 decretos expedidos por Uribe el pasado 23 de diciembre. Los manifestantes convocaron una vigilia nacional por la vida, la salud y los derechos de los pacientes para el próximo 5 de marzo, en las principales ciudades del país. Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores de Colombia (CGT), una de las organizaciones que convocó a la protesta, explicó, que los decretos “tienen colapsada a la salud en Colombia”. Las medidas expedidas bajo una figura constitucional de excepción conocida aquí como “emergencia social” permiten al Gobierno emitir decretos con fuerza de ley, sin pasar por el trámite en el Congreso. Ellas han causado en los últimas semanas protestas de gremios médicos y sindicatos que aseguran que las medidas, entre otros perjuicios, reducen la autonomía de los doctores y con ello merma la calidad del servicio de salud. MARCHA ATRÁS El Gobierno, presionado por las críticas, ha dado marcha atrás en varios de los artículos de los decretos, entre ellos el que disponía la creación de un comité técnico para regular qué medicinas o tratamientos podía recetar un médico y que si se incumplía, los doctores debían pagar una multa de unos 25,7 millones de pesos (alrededor de 13.900 dólares). La creación del comité sigue en vigencia, pero las multas fueron derogadas. El Gobierno mantiene que el sector salud, como los hospitales públicos, tiene una millonaria deuda con proveedores, por ejemplo, y que era necesarios ajustar costos y la prestación de servicios. Esperanza Morales, vocera de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, dijo que el paquete de medidas “atenta contra el derecho de la salud” porque discrimina entre quienes tienen o no dinero para pagar el servicio. Los usuarios también se pronunciaron en contra pues temen verse perjudicados. Agustín Moreno, un jubilado de 63 años, manifestó su preocupación por que uno de los decretos figura la posibilidad del cierre de un hospital que no sean viable financieramente. “Si desaparecen qué vamos a hacer los usuarios”, dijo Moreno.
Colombia
Piden “derogación total” de decretos de emergencia social
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