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Plan B para reformar la ley de educación superior

El gremio de rectores que conforman el Sistema Universitario Estatal (SUE), hace semanas viene trabajando en una contrapropuesta para reformar la Ley 30 de 1992, la misma que le presentarán al gobierno este jueves en una reunión que sostendrán en Bogotá.

De esta manera las universidades quieren presentar una alternativa a los planes del Gobierno que desde inicios de marzo ha venido elaborando su propia iniciativa de cara a la ley de educación superior.

La importancia de la Ley 30 es que establece los criterios de funcionamiento y financiamiento para regular la educación superior. Pero en los últimos años tanto el Gobierno como la comunidad académica han concordado en que debe reformarse; la disyuntiva está en cómo debe hacerse.

Mientras que el Ministerio de Educación optó por visitar las universidades e instituciones de educación superior del país para presentar su propuesta, el gremio de rectores del SUE decidió crear comisiones para analizar los temas neurálgicos de la propuesta: el financiamiento y la calidad de la educación; así como la autonomía versus la inspección y el control sobre las universidades.

Al respecto, cada comisión presentó el 30 de mayo un informe a la Junta Directiva del SUE. Con dichos análisis se construirá una propuesta final, ésta será la que precisamente se dará a conocer este 23 de junio.

La propuesta del Gobierno

El Gobierno, en su propuesta para mejorar las finanzas de las instituciones de educación superior, estableció que además de la base presupuestal y del ajuste natural por cuenta de la inflación, se dará un 1 por ciento adicional en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019.

Para los rectores del SUE esta propuesta no soluciona el problema financiero de las universidades. Por eso, propusieron que se mantengan los ajustes anuales, pero que el incremento adicional sea de 3 puntos desde el 2012 y que la medida no vaya hasta el 2019 sino hasta el 2022.

Otro tema en el que divergen el Gobierno y los rectores es en la distribución del dinero. Mientras que la propuesta Estatal es invertir esos puntos adicionales en ampliación de cobertura, formación del personal docente y promoción de la investigación y la innovación, los académicos proponen que la mitad de los dineros se destinen para estos temas, pero que el resto se vaya para el funcionamiento de las universidades.

Según el Presidente del SUE y rector de la Universidad del Cauca, Danilo Reinaldo Vivas, “en estos 18 años el sistema se desfinanció en cerca de 700 mil millones de pesos. No queremos decir que le estamos reclamando al Gobierno ese dinero, sino que el modelo de financiación debe contener una parte para compensar esos recursos y otra para desarrollar lo que tenemos”.

Vivas explicó que, por ejemplo, con la mitad de los recursos otorgados podrán invertir en modernización de planta física y equipos, dos temas que muchas universidades han descuidado porque tienen la plata contada para atender asuntos prioritarios.

El Presidente del SUE sostiene que una solución definitiva para mantener estables las finanzas de las universidades públicas es definir una canasta educativa, similar a la canasta familiar que tenemos hoy los colombianos, pero en este caso para conocer los costos reales que tienen estas instituciones cada año.

“En ese momento se resolvería el tema financiero de las universidades y no estaríamos cada año buscando la fórmula para que la plata alcance, sino que los recursos que lleguen serán los que realmente gastarán las universidades”, expuso.

La idea del gremio de rectores, de ser aprobada su propuesta, es que al sexto año de vigencia de la reforma -en el 2017-  no se aplique un incremento de 3 puntos porcentuales, sino lo que registre la canasta educativa.

Inversión privada

La posibilidad de que capital privado ingrese a las universidades públicas desató malestar entre estudiantes y docentes por el temor que tienen de que la universidad pública sea privatizada. Sin embargo, el rector de la mayor universidad pública del país, la Nacional, Moisés Wasserman, asegura que este no es un tema nuevo y que no le preocupa: “Estamos claros que la inversión de empresas privadas es viable, mientras que sean proyectos donde se tenga interés común y que ambos salgan ganado. Eso se ha venido haciendo y lo continuaremos realizando”.

Para Wasserman, no existe riesgo de que las empresas reemplacen las funciones del Estado, porque no sería viable: “Creo que el problema de la propuesta del Gobierno es que piensa con el deseo, porque eso no les interesa a los empresarios, tampoco a las universidades. El Estado tiene una tarea y las empresas otra, creo que hay que diferenciar los ámbitos de las dos”.

Para el Presidente del SUE, el problema de esta propuesta está en las universidades mixtas, que son financiadas en parte por el Estado y en parte por entes privados, teniendo en cuenta que los recursos del Gobierno pueden llegar a destinarse para financiar otros rubros diferentes al educativo.

Aunque eso se solucionaría con una regulación e inspección de los recursos, Vivas sostiene que en el sector se puede llegar a presentar un problema similar al que ocurre con el sistema de salud, donde algunas EPS han venido utilizando recursos de los afiliados para negocios privados: “El problema es que el capital no tiene corazón y siempre busca imponerse, como pasó en la salud que llegó al estado de calamidad y casi de cuidados intensivos. Esto también por falta de control del Gobierno”.

No se requieren universidades con ánimo de lucro

Otra de las propuestas del Gobierno que generó ampolla dentro de algunos académicos fue la de permitir el ingreso al país de universidades con ánimo de lucro, para que los estudiantes que egresan cada año del bachillerato y que no llegan a la educación superior lo puedan hacer.

Según Vivas, esta iniciativa del Gobierno se debe a que en Colombia la cobertura en educación superior llega tan solo al 34%, mientras que 3,3 millones de bachilleres se quedan por fuera de las aulas. Un problema que el Estado no puede resolver solo y por eso acude al sector privado.

Para este académico, el problema está en que la única forma para que un inversionista vea atractiva la educación superior es que genere utilidad y es allí donde se pone en riesgo la buena prestación del servicio, porque la rentabilidad se logra con el volumen y no con la calidad.

Por eso, el Presidente del SUE dice que no es necesario traer universidades con ánimo de lucro para solucionar el problema, porque el reto está en mejorar las existentes y crear una verdadera regulación que evite que proliferen las llamadas universidades de garaje, que tienen puestos los ojos en el dinero y no en la educación con calidad: “Este país tiene 286 instituciones de educación superior, de las cuales 206 son privadas. Para qué más privadas. Mejor consolidemos las que están y busquemos la posibilidad de que se desarrollen desde el concepto que la ley les ha definido y es ser instituciones sin ánimo de lucro. Aquellas que son con ánimo de lucro, porque las hay, que venga todo el peso de la ley y las clasifique como tal”.

Autonomía Vs. Inspección y vigilancia

Otro tema que generó controversia entre los rectores es la posibilidad de que su autonomía se vea perjudicada con las medidas que tomará el Gobierno para reforzar el control y la inspección en las universidades para evitar malos manejos administrativos.

“No dejamos que se reduzca ni un centímetro la autonomía. Entendemos que hay dos elementos que deben convivir: la autonomía universitaria y la inspección y vigilancia de la educación en cabeza del Gobierno, pero si son dos elementos constitucionales uno no puede socavar al otro”, afirmó Vivas.

Para el rector, el problema está en que la inspección y vigilancia en el país has sido laxas con instituciones como las de garaje, que siguen operando. “Pero el Gobierno para contrarrestar la laxitud que ha tenido no debe ahora redoblar su acción para ponerle zancadillas a la autonomía”, manifestó.

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