Por emergencia social la Corte pide explicaciones al Gobierno

Con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, la Corte Constitucional le notificó al Gobierno Nacional el inicio del estudio del decreto 4975 de 2009, con el cual se decretó la emergencia social. En diez páginas el alto tribunal le pide al Ejecutivo que le explique cuáles son las razones fundamentales para que se haya decretado tal medida. Estas justificaciones deberá hacerlas de manera comparada, detallada y clara. Lo cierto en todo caso, es que el eje central del estudio en el alto tribunal es precisamente el momento en que entró en vigencia la ley 100 de 1993. En su gran mayoría, las explicaciones que deberá entregar el Ejecutivo deberán hacerse mediante cuadros comparativos en los que se presen-ten las razones que motivaron la expedición de los 13 decretos. “Suministré comparativamente los datos estadísticos, año a año, que muestren la demanda y prestación de medicamentos y servicios no inclui-dos en el Plan Obligatorio de Salud -POS-“, señala la decisión. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS Pero esta no es la única observación que hace la Corte. De la misma manera, le pide se explique en detalle cuál ha sido la evolución de los re-cursos destinados al aseguramiento como consecuencia de la demanda de servicios y medicamentos no previstos en el POS. Otro de los temas de los cuales deberá dar cuenta el Gobierno Nacional toca directamente con los balances de pérdidas y ganancias de las IPS y EPS existentes en el país. En este mismo sentido, deberá entregarse un detallado informe acerca de los costos que trae para el Estado el pago de tratamientos no inclui-dos en el POS y que a la postre terminan en recobros al Fosyga. Esto claro, de cara al número de personas que se han visto beneficiadas por di-chos tratamientos. Asimismo, el Ejecutivo deberá relacionar una a una las iniciativas que se tramitaron en el Congreso de la República para evitar la situación que se quiere conjurar con la emergencia social. Lo mismo deberá hacer con cada una de las medidas administrativas para evitar el colapso de la salud colombiana. El informe entregado por el Gobierno deberá contar con los datos que han reportado los departamentos del país, pues uno de los argumentos con base en los cuales se expidieron los decretos está precisamente relacionado con el déficit que en la actualidad afecta a las entidades territoriales. CONGRESISTAS EVALUADORES Los presidentes de Senado y Cámara, Javier Cáceres y Edgar Gómez, respectivamente, informaron que una comisión accidental de congresistas será la encargada de estudiar la legalidad o no de los decretos expedidos por el Gobierno en el marco de la emergencia social. Cáceres y Gómez dijeron que ante la demora del Gobierno por enviar el informe sobre las razones que llevaron a decretar la emergencia, no convocan para este viernes a las plenarias de Senado y Cámara. La Comisión Accidental estará integrada por 10 miembros de las comisiones Primeras, Terceras y Séptima, de cada Corporación, quienes en un término de 10 días deben rendir un informe sobre las razones que fundamentan la declaratoria de emergencia, y el impacto que le dejarán al país los decretos expedidos. "De esta forma, el Congreso se compromete con el país a revisar, con la responsabilidad que el ejercicio de sus funciones le exige, las alteraciones que conlleva la declaratoria de un estado de excepción", precisa el comunicado que firmaron los congresistas Cáceres y Gómez, con los secretarios general de cada Corporación.