Por falta de acuerdo, aplazado proyecto de recursos para la salud

Más de cinco horas le tomó a la plenaria tomar la decisión de aplazar la discusión del proyecto de ley que libera recursos de las cuentas maestras de los entes territoriales para el sistema de salud colombiano.
El proyecto de ley pretende que el Estado libere de diferentes fuentes cerca de 2,5 billones de pesos para intentar aliviar la crisis que viven los hospitales de la red pública del país.
Pese a que el Gobierno defendió el proyecto y a que algunos representantes querían que se votara inmediatamente, la plenaria de la corporación aprobó una proposición que aplazó la discusión y creó una comisión accidental que resolverá las diferencias que existen al rededor de la iniciativa.
“Cuando esta comisión nos informe que hay un consenso y un estudio detallado del proyecto de ley, éste será considerado en la plenaria. Eso quiere decir que el proyecto no necesariamente se anunciará para mañana (martes), la discusión se llevará a cabo cuando la comisión le informe a la presidencia que han sido resueltas las inquietudes “, afirmó el presidente de la corporación, Augusto Posada.
Sumado a la falta de consenso, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, generó una polémica al confesar que uno de los miembros del Ministerio incluyó en la ley un artículo que no estaba contemplado en el debate de las Comisiones Séptimas. Esto indignó a los representantes y ayudó para que el proyecto fuera aplazado para ser estudiado por una comisión accidental.
El representante del Partido de la U, Didier Burgos, le solicitó al Ministro que haga una revisión de los funcionarios “que le meten la mano a las leyes”.
La comisión accidental que analizará la iniciativa está conformada por Alba luz Pinilla, del Polo Democrático Alternativo; Jorge Enrique Rozo, Partido Cambio Radical; Rafael Romero, Partido Liberal; Alfredo Bocanegra, Partido Conservador, Gloria Stella Díaz, Movimiento Mira; Didier Burgos, Partido de la U; Juan Carlos Salazar, PIN; y Lina María Barrera, Partido Conservador.
EL APLAZAMIENTO
La gran controversia se generó cuando la representante del Partido Mira, Gloria Stella Díaz, reiteró que mediante este proyecto se le estaría lanzando un salvavidas a las EPS como premio “por los malos manejos financieros con los que administraron los recursos de los colombianos”.
Y agregó que en el Congreso hay intereses oscuros detrás del salvamento de las Empresas Prestadoras de Salud que en este momento están en liquidación.
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, recordó que el proyecto tiene mensaje de urgencia por parte del Gobierno y aclaró, ante las acusaciones, que la iniciativa siempre ha sido acompañada por la transparencia.
“Hoy en día tenemos una fragilidad financiera en el sistema, un problema de recursos en nuestra red hospitalaria, tengo tres meses en el Ministerio y buena parte de las quejas que recibo en todas las regiones del país son las mismas. La gente ha dicho que no va a aguantar a final de año esta falta de instrumentos con los cuales trabajar. El espíritu de este proyecto es transmitir recursos a los hospitales”, dijo el jefe de la cartera de Salud.
Así mismo, Gaviria aclaró que ni un peso de este proyecto le llegará a las EPS “eso debe quedar claro, lo que les pedimos a estas instituciones es que nos digan a qué IPS le deben y nosotros le giramos recursos a esa entidad. La red pública de hospitales está a punto de colapsar porque algunas EPS que están intervenidas dejaron deudas de miles de millones con esos hospitales, la liquidación hará que esas deudas no sean pagadas, estamos asumiendo un costo para salvar esas IPS públicas”.
El Ministro también hizo un llamado para que el debate, en las próximas oportunidades, se maneje con más orden “y que revisemos el tema de las proposiciones porque esto se volvió prácticamente inmanejable”.
El representante Humphrey Roa, del Partido Conservador, dijo que se debe aceptar el costo para el país: “Es una obligación al costo que nos toque salvar la red pública de hospitales del país”. Así mismo le exigió al Gobierno que las liquidaciones de las EPS no se conviertan en un un proceso de nunca acabar.
La representante Gloria Stella Días aclaró que se opuso a la iniciativa porque “no estamos de acuerdo que dentro del proyecto de ley cerca de 550 mil millones de pesos se pretenden girar a las EPS como figura de compra de cartera, eso es algo perverso, cómo vamos a permitir que se premie a las EPS por su mal manejo de recursos, ¿con qué van a pagarle al Estado?”
Y agregó “el Ministro sabe que este es un salvamento a las EPS. Es suficiente leer el articulado para saber que se está comprando la cartera de estas instituciones, lo que quiere hacer el Gobierno es asumir las deudas de las EPS y convertirse en el acreedor, pero esas entidades no tienen el capital para devolver los recursos, lo que se podría convertir en un detrimento patrimonial”.
Díaz explicó que está de acuerdo con que se giren recursos a los hospitales que están en crisis, pero reiteró que en Colombia se debe reformar el sistema de salud actual que fue el que llevó al país a la crisis que está viviendo.
El representante del Polo Democrático Alternativo, Willson Arias, acompañó la denuncia de la representante del partido Mira con respecto a que existen intereses oscuros detrás del proyecto y dijo que “de mi región del Valle del Cauca se dice que la doctora Dilian Francisca Toro tiene recursos en las EPS, igual se ha mencionado al doctor Roy Barreras y dos eminentes excongresistas. Recordemos a Luis Alberto Gil, la doctora Sulema Jatin, que presentó un proyecto para lograr una especie de salvamento a las EPS, eso lo digo sin ningún rubor.”
A su turno, Roosvelt Rodríguez calificó las acusaciones contra la senadora Dilian Francisca Toro como irresponsables y cobardes debido a que, pese a las declaraciones de Arias, la senadora Toro está siendo investigada por su presunta participación en el delito de lavado de activos y no por “relación alguna con el tema que estamos tratando que es el de la salud”.
Y agregó que Arias no hizo la denuncia como corresponde, ante las autoridades, sino “amparado por el fuero que tienen los congresistas en la inviolabilidad de sus opiniones”.