Por la memoria, verdad y justicia de los desaparecidos

Las cifras son aterradoras. El Registro Nacional de Desaparecidos reporta, al 26 de agosto, 61.604 personas desaparecidas, 14.427 mujeres y 47.177 hombres.En cuanto a la desaparición forzada, el registro tiene 16.655 casos de los cuáles 249 personas han sido encontradas vivas y 557 muertas. Siguen, en presunta desaparición forzada 15.849 personas.
Es decir, que hay casi 62 mil familias en el país sin saber qué pasó con sus seres queridos, los que se fueron y no volvieron por alguna razón y los que fueron arrebatados a la fuerza, de quienes no se tiene rastro alguno.
La desaparición como delito incluye eventos de ausencia voluntaria, que la persona se pierda, que haya tenido accidentes, que tenga problemas mentales, entre otros. En el caso de la  desaparición forzada se trata de una persona secuestrada que luego es ocultada por el victimario, en un delito que niega además la ocurrencia de esa privación de la libertad, sometiendo a la familia a sufrir lo indecible.
Es la incertidumbre de no saber, de no poder iniciar un proceso de duelo. Un delito que busca la impunidad de su responsable. Así lo manifestó el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, quien también preside la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Cifras
En cuanto a la desaparición, los mayores casos se presentan en Bogotá con 15.579 casos, seguida de Antioquia con 9.043, Valle con 5.576, Meta con 2.614, Norte de Santander con 2.414 y Santander con 2.327.
Y con presuntas desapariciones forzadas primero está Antioquia con 4.251 casos, Valle con 1.130, Meta con 949, Putumayo con 926, Nariño con 856 y Santander con 831.
“En Colombia, el delito de desaparición forzada sigue constituyéndose como uno de los retos más importantes y sensibles a los que se enfrenta el país. Para el esclarecimiento de las desapariciones cometidas en el pasado, para su prevención en el presente y, sobre todo, para evitar su repetición en el futuro. Un reto que debe abordarse con el  enfoque central de los derechos de las víctimas, quienes necesitan conocer la verdad sobre sus seres queridos, ver que los responsables no queden en la impunidad y sólo así poder ser reparadas”, en palabras del representante Residente de las Naciones Unidas en Colombia, Bruno Moro.
Este reto, para las Naciones Unidas, debe manifestarse en aspectos como la depuración de los registros, el avance de las investigaciones judiciales, de las exhumaciones y de las identificaciones de los restos mortales para que sean entregados a sus familiares de forma diga y respetuosa.
Igualmente, en temas como conocer el Mecanismo de Búsqueda Urgente, en facilitar herramientas de alta especificidad técnica para el trabajo forense y en sensibilizar a la opinión pública sobre este delito.
Pérez alertó sobre la necesidad de implementar la Ley 1408 de 2010 que contempla aspectos fundamentales para la desaparición forzada como la creación del Banco de Perfiles Genéticos de desaparecidos, lo que significa avanzar en la caracterización genética de un individuo desde su ADN; la entrega de restos y cadáveres que ahora serán enterrados en los cementerios de manera individualizada y no en fosas comunes por lo que deberá hacerse una  documentación rigurosa que permita su ubicación.
“Se debe reglamentar lo referente a los recursos que recibirán los familiares de las víctimas para solventar los gastos funerarios, de desplazamiento, hospedaje y alimentación durante el proceso de entrega de cuerpos o restos óseos encontrado y lograr la entrega digna a sus familiares”, señaló Pérez.

Delito difícil
La atrocidad del la desaparición forzada como delito, el ocultamiento, la negativa de información, dificulta la tarea de los investigadores judiciales. Se trata, en palabras del vicefiscal General de la Nación, Juan Carlos Forero, de un delito que cuando se vuelve generalizado o sistemático “no solamente atenta contra los derechos humanos sino contra los mismos cimientos de la civilización, transformándose en un auténtico crimen de lesa humanidad”.
Para investigar este delito, el 15 de junio de 2010 se creó una unidad especial en la Fiscalía General de la Nación, en la que también se incluye el desplazamiento forzado, que tiene 24 fiscales, 86 investigadores de la policía y 91 del CTI.
“No se da abasto en la investigación de una conducta punible tan complicada y que requiere mucho más material técnico y humano. De ahí que a partir del año 2012 se va a incrementar la planta a 230 funcionarios que formarán parte de esta unidad nacional cuyas sedes estarán en Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Cartagena, Montería, Pasto, Pereira, Santa Marta, Santa Rosa de Viterbo y Cali”, señaló Forero.