Preocupación de ONU y ONGs ante amenazas a defensores de DD.HH. en Colombia

En un informe titulado “Santos mejor que Uribe?”, presentado el martes en Bogotá, la coalición de ONGs Movice (Movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado) asegura que pese a las garantías verbales ofrecidas por el gobierno de Juan Manuel Santos, en el poder desde agosto de 2010, la “situación se viene agravando”. 
Según Movice, desde su nacimiento en 2005, sus miembros (víctimas de violaciones de derechos humanos y defensores) han sufrido 314 agresiones, 85 de ellas desde agosto del 2010. 
“Representa un aumento de 44% comparado con el último año del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010) en el cual se registraron 59 casos”, añade el informe acusando a “estructuras paramilitares” e inclusive “militares” y “sectores económicos” de estar detrás de estas agresiones (amenazas, seguimientos, agresiones fisicas, robo de información, asesinatos e intentos de asesinatos). 
Las Naciones Unidas expresan “su profunda preocupación por las amenazas hacia defensores de los derechos humanos que continúan y en algunos casos aumentan”, declaró también Juan Carlos Monte, representante, para la presentación del informe, del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. 
Los defensores siguen estando “en una situación de preocupante vulnerabilidad”, añadió al mencionar, entre otros casos, el envío de dos correos amenazantes a ONGs, en febrero y marzo, firmados por las “Aguilas Negras”, una estructura criminal en parte compuesta de ex paramilitares, y la publicación en un blog de 1.729 nombres de personas acusadas de ser colaboradoras de la guerrilla. 
En Colombia operan aún dos guerrillas izquierdistas - Farc, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ELN, Ejército de Liberación Nacional - y unas siete bandas criminales, compuestas de exparamilitares desmovilizados entre 2003 y 2006 que siguen en algunas regiones atemorizando a la población con fines de control territorial. 
“El Estado debe comprometerse especialmente con el desmonte real y efectivo del paramilitarismo y el juzgamiento de todos los sectores que participaron de sus delitos”, exige Movice en su informe, mientras la ONU considera que tanto la “policía como la fiscalía no han sido capaces de articular una respuesta adecuada” ante las amenazas.