Primeras acciones y consecuencias tras fallo de La Haya

Ya se están comenzando a conocer las primeras acciones del Gobierno luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El presidente Juan Manuel Santos anunció la implementación de un plan en San Andrés para asegurar mejores condiciones sociales y económicas para los habitantes de esa región del país.
Pero la posibilidad de que Colombia no acate el fallo es remota, por lo que es posible que acuda a una demanda de interpretación o revisión ante la Corte. Sin embargo, esto no serviría para modificar la decisión como tal sino para se aclaren varios apartados que generan confusión para el Gobierno.
Según el excanciller Camilo Reyes, “no hay otra instancia jurídica, no hay otra instancia por medio de la cual se pudiera tomar una decisión distinta, lo que sí puede hacer es pedir una interpretación de ese fallo y una interpretación si Colombia considerara que hubo circunstancias especiales que cambiaron algo en el proceso para una toma de decisión”.
Reyes agregó que “el fallo está lleno de errores y de errores graves, es curioso que la Corte haya tomado tal decisión. El campo que hay para cambiar lo que ya hay es remoto”. Sin embargo, dijo lo que hay que pensar ahora es en lo que se puede hacer con lo que se tiene.
Precisamente, una de las preocupaciones que han surgido se relaciona con las repercusiones del fallo para Colombia a nivel internacional, por el hecho de que Colombia firmó tratados limítrofes marítimos con Costa Rica, Honduras, y Jamaica.
Sin embargo, según el presidente de la CIJ, Peter Tomka, el fallo solo relaciona a Colombia y Nicaragua, sin perjuicio de los derechos de terceros países, pero en caso de que la decisión llegue a tocar otro Estado, las negociaciones ahora también involucrarían a Nicaragua.
El profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, Ricardo Abello, considera que con la decisión no se afectará otra frontera. “Con Costa Rica ya no tenemos frontera marítima en el Caribe, con Panamá tenemos un tratado que está ratificado, pero que quedó hasta mitad de camino porque de ahí en adelante son aguas nicaragüense. Con Honduras desde el 2007 no tenemos fronteras marítimas”, explicó.
La pérdida de fronteras marítimas con Honduras se debe a que en otro litigio fallado en 2007 por la CIJ, se produjo un cambio de fronteras entre ese país centroaméricano y Nicaragua, lo cual produjo que "que la frontera que estaba en el paralelo 15, entre Colombia y Honduras, perdiera vigencia porque las aguas al norte de esa zona ya son nicaragüenses".
REPERCUSIONES INTERNAS
Algunos asuntos ya han quedado claros hasta el momento. Según el presidente Juan Manuel Santos, la nueva línea marítima entre Colombia y Nicaragua “no afecta los derechos de navegación” de los colombianos.
Es decir, que los habitantes de San Andrés tienen derecho de transitar libremente hacia los cayos de Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo, y a derivar sustento de la pesca dentro del área reconocida por la Corte.
Sin embargo, Abello advirtió que para tal fin se hará necesario el establecimiento de algunos acuerdos especiales con Nicaragua. “De acuerdo con el derecho internacional existe la opción de libertad de navegación por esas aguas nicaragüenses en la medida en que es una zona económica exclusiva, pero eso es distinto a que se pueda pescar”.
En este sentido, aclaró que los pescadores podrán ir a los cayos enclavados de Serrana y Quitasueño, pero estando allí solo podrán pescar en las 12 millas de área marítima que se le adjudicó a Colombia alrededor de éstos.
Otra de las consecuencias que se han derivado del fallo tiene que ver con la idea que impulsan los raizales de convertir al Archipiélago de San Andrés en un Territorio Insular Autónomo.
Según lo que se ha escuchado en la isla, la iniciativa surge como respuesta a un abandono estatal y falta de defensa al departamento. De ahí que ya el Ejectuvo esté pensando en declarar estado de emergencia para poder implementar un plan que permita proteger los derechos de los pobladores y pescadores del Archipiélago.
Finalmente y aunque han surgido dudas sobre si es necesario o no realizar una reforma constitucional para delimitar el nuevo mapa de Colombia, el expresidente de la Corte Constitucional, Juan Manuel Charry, advirtió que no es necesario.
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