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Procurador respalda a médico que negó aborto

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, calificó como “amenaza, vulneración y riesgo” la condena que se profirió contra un médico por no haber practicado un aborto a una menor de edad que presentaba discapacidad.

El procurador Ordóñez solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional dar pronta y eficaz respuesta a esta situación, pues consideró que se encuentran comprometidos los derechos fundamentales de un profesional de la salud.
El Procurador también sostuvo que al condenado no se le permitió el acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso, porque no se le permitió su defensa.
Según manifestó el Procurador General en su concepto, el hecho de que al médico “Germán Arango Rojas no se le haya vinculado ni en pri-mera o en segunda instancia en un proceso de tutela que no fue iniciada contra él y que se le haya condenado en abstracto en Sede de Revisión
-sólo por el hecho de haber visto una sola vez a una menor de edad discapacitada y que estaba embarazada, a la cual no se le practicó el aborto que solicitaron sus padres-, representa una violación a los derechos fundamentales y especialmente al derecho al debido proceso del citado médi-co”.

LA DEFENSA
Se alegó también que pese a que el mencionado galeno intentó un incidente de nulidad, una reposición e incluso una acción de tutela ante el Consejo de Estado, él fue suspendido provisionalmente del ejercicio profesional por parte del Tribunal de Ética Médica Nacional y obligado a in-demnizar a la menor de edad por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.
El jefe del Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional que declare de oficio la nulidad de la Sentencia T-946 de 2008, aclarando que ésta no le es oponible al mismo -pues no fue vinculado al proceso de tutela en el cual resultó condenado-, o a través de cualquier otro medio que se considere pertinente para su efectiva protección.
Por estos mismos hechos, el Ministerio Público adelanta acciones para amparar los derechos fundamentales de la madre discapacitada y de su hijo dado en adopción.

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