Con esta acción se busca la llamada “muerte política” de la excongresista, que sería la definitiva en su contra, pues ya fue destituida e inhabilitada por 18 años para ejercer funciones públicas por la Procuraduría al considerarla responsable de mantener una alianza con la insurgencia.
Córdoba Ruíz según los documentos hallados en los computadores del ‘Mono Jojoy’ habría apoyado económicamente la campaña a la Cámara de Representantes por el Atlántico de Ricardo Montenegro.
Entre otras pruebas que vinculan a la excongresista se encuentra el testimonio del narcotraficante venezolano Walid Mackled, quien manifestó que ella se prestó como “intermediaria” para financiar campañas políticas.
El primer argumento del Ministerio Público para presentar este recurso jurídico se basa en el hecho de que según la Constitución ningún funcionario público puede hacer atribuciones económicas de manera personal a un candidato.
La exsenadora liberal es investigada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir y traición a la patria, por sus presuntos vínculos con la guerrilla de las Farc, luego de que su nombre apareciera mencionado en repetidas oportunidades en los computadores incautados al abatido guerrillero ‘Raúl Reyes’.
Córdoba demanda por persecución política
Luis Guillermo Pérez, abogado de la exsenadora Piedad Córdoba manifestó que en los próximos días presentará una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a los constantes señalamientos y persecuciones por agentes del Estado. Según el jurista, uno de los puntos más importantes para tomar esta decisión se debe a la nueva presentación de pliego de cargos por parte del procurador general, Alejandro Ordóñez, en contra de su cliente por sus presuntos vínculos con la guerrilla de las Farc
Para Pérez con esta acción el jefe del Ministerio Público busca condenar nuevamente de antemano a la excongresista liberal “sin tener pruebas, solamente supuestos”, los cuales no tienen ninguna validez.
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