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Procuraduría investigan entidades financieras por caso de pirámides

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra 4 entidades financieras por no haber actuado a tiempo frente a los escándalos generados por las pirámides entre los años 2006 y 2008.

Por la presunta responsabilidad, se investigan nueve funcionarios de la Superintendencia Financiera; tres de la Superintendencia de Socieda-des; cinco de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y uno de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Además de los superintendentes titulares y auxiliares, y funcionarios de estas entidades, la Procuraduría también investigará a Mario Alejandro Aranguren Rincón, en su condición de director de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Según la Procuraduría, ellos no actuaron a tiempo para detener el delito de captación masiva permitiendo así que el negocio creciera durante dos años. Precisamente en esa época se desató el escándalo por la captadora DMG.

MEDIDAS EFICACES
En el auto que dio apertura a la investigación se señala que no se observó, dentro de las diligencias preliminares, la existencia de pruebas que permitieran conocer que el grupo de funcionarios investigados hubiera adoptado medidas administrativas eficaces.
La información recaudada por el Grupo de Asesores en Contratación Estatal, señaló que en el primer semestre del año 2008 se presentó un in-cremento en la presencia de posibles captadores ilegales de recursos del 181,3 por ciento respecto del período 2005 – 2007, cuando había 19 enti-dades de este tipo.
Esta situación generó una alerta que, para la Procuraduría, exigía medidas inmediatas y eficaces, toda vez que el 2008 culminó con 222 entida-des de este tipo, cifra que significa un incremento del 692,85 por ciento.

PRESUNTA OMISIÓN
A la Superintendencia Financiera de Colombia se le investiga porque estuvo alejada de los objetivos para lo cual fue creada, tales como asegurar la confianza pública en el sistema financiero, evitar que las personas no autorizadas ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas y prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de confianza del público.
En cuanto al comportamiento de la Superintendencia de Sociedades, los investigadores encontraron que si bien realizaba reportes a la Superintendencia Financiera sobre los estudios que esta entidad hacía a diferentes empresas, no compulsó copias de los mismos a la Fiscalía General de la Nación.

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