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Proyecto de ley busca defender a la Fuerza Pública de la CPI

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Con motivo del fin de la salvaguarda de siete años para los crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional (CPI), congresistas de la coalición presentaron ayer un proyecto de ley que busca defender a los miembros de la Fuerza Pública de la jurisdicción del organismo.

La iniciativa, presentada por los representantes a la Cámara Lucero Cortés y Roy Barreras, pretende que sea el Estado colombiano el que lleve los casos de los policías y militares denunciados ante la CPI.
“No es justo que nuestros policías y militares terminen siendo juzgados internacionalmente, poniendo en riesgo la tranquilidad y estabilidad de sus familias, cuando en muchas ocasiones son víctimas de injusticia”, explicó la representante del Partido de la U.
Los uniformados estarían amparados de conductas como el genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Además, cobijaría tanto a miembros activos como en retiro y se podría aplicar en casos en que su vinculación sea directa o indirecta.
De ser aprobado, se modificaría algunos artículos de la ley 1224 de 2008, por la cual se implementa la defensoría técnica de la Fuerza Pública. “Con ellos buscamos incluir que la protección también sea en los estándares de juzgamiento internacional”, agregó Cortés.
Los congresistas hicieron un llamado de urgencia a las comisiones segundas del Senado y la Cámara de Representantes para que la iniciativa sea aprobada antes de 15 días, de manera que pase a sanción presidencial antes del 20 de diciembre.

Fiscalía de CPI
La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó informes sobre “el vínculo del sector político” con grupos armados ilegales y “el apoyo externo” que estos puedan recibir, señaló el embajador colombiano en Holanda e interlocutor ante ese tribunal, Francisco Lloreda.
El organismo “ha solicitado información sobre los jefes paramilitares y los de la guerrilla, sobre el vínculo del sector político con grupos armados ilegales, crímenes cometidos por la fuerza pública, y relacionada con el apoyo externo o de otros gobiernos a los grupos armados”, declaró Lloreda al diario El País de Cali.
El diplomático dijo que la Fiscalía se interesó por la información contenida en una computadora incautada en marzo de 2008 por las autoridades de Colombia al abatido líder de la guerrilla de las Farc, “Raúl Reyes”, la cual sugirió nexos de personalidades colombianas y extranjeras con el grupo armado.
“Sí. Hace varios meses y por requerimiento de la fiscalía de la CPI hice entrega de un contenido sobre el particular originado en la fiscalía de Colombia. Se recibió y entregó como material de carácter probatorio”, enfatizó sin ofrecer más detalles.
Lloreda señaló, no obstante, que en Colombia no hay un “Estado fallido ni una Justicia colapsada”, por lo que la CPI no intervendrá de momento en la situación del país que desde hace medio siglo vive un conflicto con graves violaciones de los derechos humanos.

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