Proyecto en Bogotá logra excarcelación de presos inocentes

Parientes de un hombre, liberado después de pasar tres años en prisión por un homicidio que no cometió, anunciaron que demandarán al Estado colombiano y agradecieron las gestiones de un grupo de abogados que trabaja gratuitamente en beneficio de reos. Manuel Mena quedó libre el pasado viernes tras estar detenido la cárcel bogotana de La Picota desde 2007 con una condena de 16 años de cárcel por el homicidio de un minero en 1988 en Vegachí, a unos 250 kilómetros al noroeste de la capital. La liberación de Mena, de 58 años, fue lograda por un grupo de abogados y estudiantes que trabajan en un proyecto llamado “Inocencia”, dedicado a buscar en prisiones de Bogotá como La Picota con al menos 1.075 reclusos a personas condenadas injustamente. Mena fue el quinto recluso liberado por el grupo surgido hace dos años por iniciativa de miembros de la facultad de derecho de la Universidad Manuela Beltrán, siguiendo modelos similares ya existentes en Estados Unidos desde los años 90. Los miembros de Inocencia por ahora sólo trabajan en Bogotá y dicen desconocer exactamente cuántos de los detenidos de La Picota pueden estar en las mismas condiciones de Mena. El grupo visita La Picota los martes y jueves en busca de personas inocentes, que carezcan de dinero para pagar abogados y que ya tengan una sentencia condenatoria firme. En prisión Mena “no tuvo un momento de felicidad aunque él se comunicaba conmigo y yo trataba de motivarlo”, afirmó su esposa Candelaria Alvarez. Mena y su familia, de 11 hijos, piensa demandar al Estado por los perjuicios del encarcelamiento, incluyendo el desarrollo de problemas de hipertensión y diabetes, aseguró la mujer al destacar que aún no calculan por cuánto dinero sería la eventual demanda. “A él le hubiese gustado salir lleno de salud...pero ahora lo tengo en una cama donde está mal”, aseguró Alvarez en una entrevista telefónica con la AP. El director del proyecto Inocencia, Juan Carlos Cárdenas, dijo que Mena había sido condenado en ausencia en 1994 por un juez de Antioquia en un proceso en que testigos dijeron creer ver el nombre de “Manuel Mena” en la cédula del atacante. Otros testigos describieron al asesino como un hombre al que le faltaba toda la dentadura del maxilar superior, sostuvo Cárdenas en entrevista telefónica. Mena jamás se enteró de su condena hasta el 2007, año en el que para trabajar como obrero de construcción llegó a Bogotá desde Cartagena, en la costa del Caribe colombiano, donde residencia con su familia. Al momento de su llegada a la terminal de transporte de la capital, la policía le solicitó sus documentos de identidad, un proceso rutinario de seguridad, y entonces le informaron que tenía una condena pendiente. Fue un error de identidad, explicó Cárdenas, asegurando que junto a Mena, en la Registraduría Nacional, o sede oficial de emisión de documentos de identidad, existían otros dos hombres con ese mismo nombre. “Nunca hicieron un cotejo dactilar... cometieron todos los errores probatorios”, dijo Cárdenas. La liberación de Mena fue posible porque, en medio del intrincado sistema judicial colombiano, demostraron el error de identidad: entre otras razones porque su dentadura estaba completa, dijo el abogado.