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A punto de aprobarse ley que beneficia a delincuentes que colaboren con la justicia

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Un proyecto de ley que permitirá suspender acciones penales contra ex paramilitares, guerrilleros o narcotraficantes fue aprobado por la Cámara de Representantes colombiana y pasará a conciliación con el Senado, informaron fuentes del Congreso de Colombia.

Un proyecto de ley que permitirá suspender acciones penales contra ex paramilitares, guerrilleros o narcotraficantes fue aprobado por la Cámara de Representantes colombiana y pasará a conciliación con el Senado, informaron fuentes del Congreso.
La ley permitirá que un fiscal pida la suspensión de la acción penal para que un delincuente no sea investigado sobre un delito -siempre y cuando no sea de lesa humanidad- si colabora con el desmantelamiento del grupo criminal al que pertenecía.
El representante Nicolás Uribe dijo a periodistas que el proyecto conocido como “Principio de oportunidad” se aplicará a miembros de grupos narcotraficantes, guerrilleros o desmovilizados, pero en ningún caso a jefes de organizaciones delincuenciales.
“En el caso de los desmovilizados se establecen una serie de condiciones que deben cumplir durante un período de prueba, y que tienen que ver con la posibilidad de reintegrarse adecuadamente a la sociedad, no cometer delitos, no poseer armas, ayudar en la reparación de las víctimas y en la desarti-culación de las bandas delincuenciales”, explicó Nicolás Uribe.
Por su parte, el fiscal general, Mario Iguarán, señaló a periodistas: “Se trata de la posibilidad de abstenernos de abrir investigación en los casos de narcotráfico, terrorismo o de desmovilizados”.
La ley está dirigida “a esos fusibles, mandos medios, 'mulas' o a esos (miembros) rasos, que si nos dan información eficaz y efectiva que nos permita desarticular un cartel de la mafia o un frente terrorista, o capturar a uno de sus cabecillas, se les aplicaría este beneficio”, agregó.
Sin embargo, algunos congresistas como el representante Germán Navas, del opositor partido Polo Democrático, criticó la decisión de aprobar el proyecto, asegurando que “viabiliza 19.000 impunidades” porque “las víctimas no tendrán la menor oportunidad de averiguar quién les causó daño”.

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