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Que la fiscalía investigue si hay víctimas falsas en el caso Mapiripán

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Luego que la Fiscalía ordenara investigar si hay falsas víctimas en el caso de la Masacre de Mapiripán, Meta, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que fungió como representantes de las mismas, pidió que las autoridades judiciales sean las que investiguen los hechos.

“Si algún o algunos demandantes solicitaron su reconocimiento como víctimas sin serlo, ello debe ser establecido por la autoridad judicial correspondiente, la cual determinará la respectiva responsabilidad penal. Estamos en total disposición de las autoridades judiciales para el esclarecimiento de estos hechos”, señaló el colectivo en un comunicado.

El documento asegura que siempre han actuado creyendo en la buena fe de las víctimas y  que para este caso asumieron la representación de las personas que se declararon afectadas por los hechos, que “rindieron voluntariamente sus declaraciones ante notario público y dadas las circunstancias en que se enmarcaron los hechos, resultaron consistentes con lo establecido judicialmente y las diferentes narrativas acerca de lo ocurrido”.

El Colectivo señaló que hizo defensa de cinco grupos de personas que se identificaron como tal por los hechos perpetrados por paramilitares entre el 15 y 20 de julio de 1997 y admitió que entre estas está Mariela Contreras, quien fue reconocida como víctima en las instancias nacionales luego que rindiera declaración ante la Fiscalía y que, al parecer, no habría sido víctima y fue reparada por el Estado.

Una condena señala que la metodología usada para la ejecución de la masacre y de la destrucción de los cuerpos “ha obstaculizado la plena identificación de las víctimas de la masacre, a pesar de que existe certeza sobre el elevado número de personas torturadas y asesinadas durante esos días de julio de 1997”, destaca el comunicado y recuerda que el Tribunal Interamericano indicó al obligación del Estado colombiano de  identificar plenamente a las víctimas. El Colectivo afirmó que siempre ha insistido en la necesidad de que se esclarezcan la cantidad de víctimas del hecho y que esa responsabilidad es de la Fiscalía “y no de las víctimas ni de sus representantes legales”.

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