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Quedó en firme la condena de 30 años para 10 militares involucrados en falsos positivos

El Tribunal Superior de Medellín confirmó la condena de 30 años de prisión a cada uno de los diez militares procesados por las muertes de dos vendedores de comestibles, durante hechos ocurridos en el corregimiento San Cristóbal, de la capital antioqueña.

De acuerdo con lo establecido durante la investigación, el 25 de mayo de 2005 los jóvenes Arley de Jesús Vallejo Cardona y John Freddy García Cardona fueron retenidos por una patrulla militar en la Comuna 13 de Medellín; un día después fueron reportados como muertos en combate entre tropas oficiales y milicianos de los Comandos Armados Populares, CAP, en el sitio conocido como el cerro del Padre Amaya.

Los militares reportaron que junto a los cuerpos de Vallejo Cardona y García Cardona fueron hallados un revólver, explosivos y un fusil, que luego se demostró estaba inservible, según lo establecido por la Fiscalía.

De acuerdo con la providencia del Tribunal Superior, como determinadores de homicidio en persona protegida fueron condenados Róbinson Jhon Édgar Lozano Garnica, capitán; y Sergio Ezequiel Rojas Ochoa, sargento orgánico del Batallón de Fuerzas Especiales de la Cuarta Brigada del Ejército.

Igualmente, les fue confirmada la sentencia como autores materiales a los sargentos Ismael Enrique Romero Martínez y César Felipe Castillo y a los soldados profesionales Carlos Alberto Villa Cañón, Gildardo Antonio Montoya López, Darío de Jesús Henao Posso, Juan Javier Gallego Varela, Joaquín Ferney Hidalgo Higuita y Román Albeiro Gutiérrez Jaramillo.

La segunda instancia también confirmó la condena de 24 meses de prisión a los soldados Alberto Pérez Arango, Hugo Zuluaica Gaviria, Sergio Pérez Restrepo y José Heriberto Hernández Parra, por el delito de encubrimiento por favorecimiento de homicidio.

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Comentarios

Estos militares, estaban bajo

Estos militares, estaban bajo el mando de sus superiores jeraquicos y son estos quienes tienen la responsabilidad, de los operativos, pero a su vez, el Presidente de República, es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas y como tal responsable penalmente por las acciones de sus subordinados; así lo establece la Legislación Penal Internacional, por tanto debe remitirse copia del fallo a la Corte P.I., para que juzgue a Uribe por crímenes de lesa humanidad.

Estos pobres pelagatos son

Estos pobres pelagatos son los pagapatos de estos delitos,mientras los autores intelectuales andan libres y sonrientes por ahí.Todo por tratar de mostrar falsos resultados a los EE.UU y poder así seguir recibiendo millones de dolares para robarselos entre ellos.