Reconocimiento al conflicto armado: ¿primer paso hacia la paz?

Las declaraciones del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en las que reconoció que en el Colombia hay un conflicto armado, se convirtió en una carta que se jugará para lograr alcanzar la paz.
Y ante la posibilidad de que el conflicto armado sea incluido como un artículo dentro del texto de la Ley de Víctimas, voceros de algunas organizaciones defensoras de Derechos Humanos celebraron este anuncio, pero dejaron claro que con esto no dejarán de criticar esta Ley que no tiene en cuenta la reparación de las víctimas del Estado.
Para el senador Iván Cepeda, vocero de Colombianos y Colombianas por la Paz, “aunque parezca evidente el reconocimiento de que en Colombia hay un conflicto armado hace 50 años, lo más significativo es que esto quede incluido en una Ley, a través de una formulación normativa”.
Cepeda consideró que sin embargo, los reparos con la Ley de Víctimas continúan, pues “no tiene la fortaleza y fundamentos necesarios para garantizar una reparación adecuada, para devolverle las tierras y para reconocer igual a las víctimas, en fin, es una larga lista, pero creo que hay puntos en los que la Ley de Víctimas tiene aciertos”.
Por su parte, Marco Romero, coordinador de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, afirmó que el expresidente Álvaro Uribe estaba equivocado al asegurar que en Colombia no hay conflicto armado; explicó que el hecho de que se esté tramitando en el Congreso la Ley de Víctimas “es justamente el reconocimiento a un conflicto armado y la solución a cómo cobijarlas”.
Para el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, “se trata de garantizar que con el nuevo proyecto de Ley de reparación a las víctimas y de restitución de tierras, el Estado y la sociedad colombiana seamos más solidarios con las víctimas y más duros con los victimarios”.
¿Un paso más hacia la paz?
Garzón aclaró que el interés del Presidente Santos no es abandonar la persecución a los grupos armados ilegales, pero tampoco enviar una señal de que la puerta para la paz está cerrada del todo, sino que las condiciones para un diálogo son públicas y han estado sobre la mesa.
Para los defensores de Derechos Humanos y algunos expertos en tema de paz, la declaratoria de conflicto armado reconocería a los actores armados como interlocutores válidos y daría piso jurídico a los acuerdos humanitarios. Sin embargo, que el Gobierno modifique su postura no cambia en mucho el panorama actual de la guerra.
León Valencia, director de la Fundación Nuevo Arco Iris, dijo que esto sería "un cambio muy importante de posición frente al gobierno del presidente Uribe. Tiene implicaciones en las negociaciones de paz, pues es reconocer que hay unos insurgentes alzados en armas con motivaciones políticas y con los cuales debe haber una negociación. Además, se reconoce la necesidad de respetar el DIH y el tratamiento de los Derechos Humanos con la población civil”.
Según el vocero de Colombianos y Colombianas por la Paz, Iván Cepeda, el conflicto armado tiene consecuencias a nivel internacional, porque implica unos deberes para ambas partes del conflicto y  es un primer paso hacia la paz. “Sin lugar a dudas con esta administración ya hay una primicia para llegar a la paz, lo que no existía con el anterior gobierno”. 
Para Luis Guillermo Pérez, experto en temas de Derechos Humanos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, “el hecho de reconocer que existe conflicto armado llevaría a que se promuevan diálogos políticos para incentivar a los grupos armados a que se abstengan de seguir atentando contra las comunidades indígenas, afrocolombianas y a respetar las normas humanitarias”. 
Y aunque el exalto comisionado para la Paz Camilo Gómez cree que esta declaración no contribuiría a un cese de hostilidades, dijo que “lo que sí desarrollaría es una serie de acciones y una política de paz que debe iniciarse desde las Farc”.
50 años de conflicto armado
Por ocho años, el expresidente Uribe negó siempre que en Colombia hubiera un conflicto armado, porque aceptarlo sería darle un estatus de beligerancia a las FARC y al ELN.  Sin embargo, hoy detractores, simpatizantes y el actual Gobierno creen que no es así. El ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera, manifestó que reconocerlo no le otorga estado de beligerancia a los grupos armados ilegales.
El funcionario recordó que en el año 2002 el Congreso aprobó la ley 782 que prorroga la Ley de orden público, en la que quedó explícito en el artículo 6 la definición de víctimas en "el marco del conflicto armado interno".
"No hay nada nuevo en eso. (La Ley) no implicó ningún reconocimiento de legitimidad política a los terroristas de las Farc y el ELN que han sido los principales protagonistas de las violaciones de Derechos Humanos en las últimas décadas. Tampoco lo va a implicar ahora", señaló.
Para Camilo Gómez es extraño que “el Presidente Uribe insistiera en decir que en Colombia no había nada y que todo estaba bien cuando no era así. La ley de víctimas está buscando una reparación y son muchos lo elementos que habría que desarrollar para el reconocimiento de ellas”.
Iván Cepeda manifestó que Uribe no respetó el Derecho Internacional Humanitario, “la concepción del gobierno anterior tenía mucho que ver con emplear cualquier clase de métodos y medio para lograr unos fines determinados como la ejecución de miles de los mal llamados falsos positivos, de crear en el DAS un aparato de espionaje y de persecución y muchísimas otras formas”.

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