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A referendo revocatorio

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El Congreso colombiano aprobó una reforma judicial impulsada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que ayer desató críticas, porque según analistas favorece la impunidad de los congresistas, y que podría ser derogada mediante un referendo popular.

Al filo de la noche del miércoles, en la última jornada del primer periodo anual de sesiones, el Senado y la Cámara de Representantes le introdujeron cambios, que entre otros hacen muy difícil que los legisladores pierdan su investidura parlamentaria por cometer algún delito.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aunque defiende las “bondades” de la que consideró “histórica” reforma de la Justicia colombiana, dejó constancia del “desacuerdo” del gobierno con esos ajustes realizados a última hora.

En declaraciones a radioemisoras, Esguerra tras asegurar que con la reforma a la justicia la cobertura de la Justicia se ampliará en el país y ayudará a descongestionar los cuatro millones de procesos en trámite, admitió la posibilidad de corregir “algunos errores que hemos encontrado”.

El Ministro se mostró en desacuerdo con que con la reforma los congresistas o excongresistas que están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia o la fiscalía por presuntos vínculos con grupos paramilitares de extrema derecha puedan resultar favorecidos.

Por otra parte, Esguerra defendió que con la reforma los congresistas sólo podrán ser detenidos cuando la Justicia haya culminado una investigación en su contra y dictado una acusación formal.

La Corte Suprema de Justicia investiga a más de un centenar de políticos por presuntos vínculos con paramilitares, y en 2010 condenó a 10 exparlamentarios, mientras que en 2011 otros nueve también fueron declarados culpables, entre ellos dos expresidentes del Congreso.

“Lo que se hizo finalmente fue favorecer a los miembros del Congreso”, dijo a la AFP el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, quien aseguró que ahora los legisladores “van a poder delinquir sin ningún problema porque la Corte Suprema ahora no va a poder actuar como hasta ahora”.

El jurista además aseguró que el Congreso violó el trámite que requiere una reforma constitucional como la que se hizo para reformar la justicia, porque dijo, en la conciliación del texto -en la noche del miércoles- los congresistas introdujeron puntos que no fueron discutidos en los ocho debates previos.



Convocan referendo

Previo “una lluvia de demandas” contra la reforma y la convocatorio de un referendo popular para derogar la reforma, porque dijo “hay mucha indignación entre diversos sectores”.

El Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda), el único partido de oposición al gobierno de Santos, que no votó la reforma, se propone impulsar un referendo para revocarla, anunció el representante de esa bancada Germán Navas.

La exfiscal General, Viviane Morales, calificó la reforma como el resultado del “ejercicio del cinismo institucional”, y advirtió que “todas las investigaciones (a los políticos) que tenía la Fiscalía van a pasar a conocimiento de sólo tres magistrados (de la Corte), lo que quiere decir que la impunidad va a volver”.



Sin muerte política

El giro constitucional ordenó un cambio sustancial en cuanto a la no aplicabilidad de la muerte política para el congresista como la pena máxima a la que podría estar obligado.

La enmienda señala que se debe probar el dolo o la culpa del Congresista al momento de haber incurrido en el delito del que se le acuse, así como la graduación de la sanción. 

Para la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios “estas modificaciones desnaturalizan la figura creada en la Constitución del 91. En ella la finalidad de esta institución era imponer la sanción más grave a las conductas más reprochables cometidas por los congresistas, sin atender a criterios subjetivos”.

Y un aspecto más es que en caso de presentar una denuncia contra un congresista y la misma no prospere, se impone el pago de las costas del proceso al ciudadano, lo cual en concepto de la MOE desincentiva la presentación de las demandas.

Por lo anterior, la MOE considera que esta reforma es un camino a la impunidad de los delitos que cometan los congresistas.





Procesos en vilo 

En próximos días Colombia seguramente empezará a escuchar que exfuncionarios investigados por casos como la ‘Parapolítica’, ‘Yidispolítica’, las irregularidades en la Dirección Nacional de Estupefacientes, e incluso por Agro Ingreso Seguro, presentarán sendas solicitudes de libertad o de nulidad de lo actuado.

Lo anterior, dado que el principio de favorabilidad señala que los procesados tienen derecho a ser investigados por la reglamentación que más les convenga.

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, advirtió que esa es una de las consecuencias que dejó la aprobación de la Reforma a la Justicia que incluye una modificación al sistema de juzgamiento de los aforados.

“Se va a caer todo lo que es la ‘parapolítica’, la ‘yidispolitica’, todos los que no habían pasado ya a un juzgamiento porque el juez cambia, y tienen por el principio de favorabilidad derecho a lo que más conveniente les parezca. Yo veo esto desastroso, mejor dicho, perdimos lo que habíamos avanzado en la oralidad, muchos lustros”, dijo.

A su turno, el exmagistrado de la Corte Suprema, Alfredo Gómez Quintero, señaló que en la conciliación de la Reforma a la Justicia no quedó fijado “cuál es la suerte de los expedientes que actualmente se adelantan en la Corte tanto en etapa de investigación previa como en etapa de juzgamiento”.

En un primer momento, se entiende que los procesos actuales tendrán que ser repartidos en la nueva Sala de Investigación y Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia.

“El asunto tiene que ser asumido por las Cortes para que se vaya trazando una jurisprudencia que aplique las nuevas disposiciones”, consideró el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández.

Bajo estas premisas, un Hábeas Corpus podría permitir la libertad de personas como los excongresistas santandereanos Rafael Castillo y Nelson Naranjo, capturados en marzo pasado por ‘parapolítica’; o bien, el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, porque aunque ya está en juicio por presuntas irregularidades en la ejecución de AIS, el cambio de juez natural avala la solicitud tanto de libertad como de nulidad de lo actuado.

Igualmente estarían en vilo los juicios en la Corte contra el exsenador Iván Moreno Rojas por el ‘Carrusel de la Constratación’; el del exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, por ‘chuzadas’.



La recomposición de la Corte

La Reforma a la Justicia introdujo en la Corte Suprema de Justicia una Sala de Investigación y Calificación integrada por seis magistrados, tres para la investigación en primera instancia y otros tres para la segunda instancia para los aforados constitucionales que, además, no podrán ser objetos de medida de aseguramiento hasta que no haya resolución de acusación en firme.

Igualmente, se creó una Sala de Juzgamiento para la primera instancia que estará compuesta por cinco magistrados que serán elegidos para períodos de ocho años por la Corte Constitucional de listas conformadas mediante convocatoria pública, por la Sala de Gobierno Judicial.

Pero, para la segunda instancia de juzgamiento, el Congreso dispuso que sea la Corte Suprema de Justicia en Pleno la que tome la decisión. Con esta nueva composición, la Sala de Casación Penal actual de la Corte Suprema de Justicia, que llevó a la cárcel a decenas de congresistas durante 20 años, funcionará de ahora en adelanta sólo para temas de casaciones.



Silencio en CSJ

Tras la aprobación de la Reforma a la Justicia, un particular silencio han guardado los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del eliminado Consejo Superior de la Judicatura.

La Corte se reunió ayer en Sala Plena pero consideró luego de apenas una hora de reunión que sólo se pronunciará cuando la norma sea promulgada. De hecho, su presidente, magistrado Javier Zapata, no se encuentra en la ciudad.

Sobre el silencio, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez, prefirió no referirse.

En el Consejo Superior de la Judicatura, el silencio es el más desconcertante pues desde que se propuso la eliminación de esa  corporación no se ha presentado alguna defensa contundente del organismo por parte de su presidente, magistrado Ricardo Monroy Church, ni siquiera una manifestación de preocupación sobre qué va a pasar con los empleados.

Lo que sí manifestó la Comisión Interinstitucional de la Rama, que está compuesta por Zapata, Monroy y Gómez, fue una preocupación por la inexistencia de un mecanismo de transición del sistema de gobierno de la Rama.

Esto por cuanto en la conciliación de la Reforma, al final, se eliminaron varios artículos transitorios sobre la Sala Administrativa de la Judicatura y sólo se dejaron los de la Sala Disciplinaria.


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Comentarios

ESTOS CAPOS SON MAS BERRACOS

ESTOS CAPOS SON MAS BERRACOS QUE PABLO ESCOBAR PUES EL MATO HASTA EL PUTAS Y TERMINO MATAO TAMBIEN , ESTAS RATAS DE ALCANTARILLA CON EL PERDON DE LAS RATAS SIN UN TIRITO MEETIRON TODO UN ARTICULADO NOS LLEVO EL PUTAS Y DISQUE LOS MALOS SON LOS OTROS. DR NAVAS USTED SIEMPRE HAY LUCHANDO OJALA NO LO JODAN TAMBIEN, SIGA HAY GENTE COMO USTED ESLA QUE SE NECESITA.