Reforma a la política agraria, con acuerdos y desacuerdos: diálogos de paz

Desde que iniciaron los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana se planteó una agenda con seis puntos exactos para tratar durante el proceso. El primero de ellos se relaciona con la política de desarrollo agrario integral, la cual debe impulsar la integración de las regiones, así como el desarrollo social y económico equitativo del país.
A pesar de que al principio de las negociaciones hubo diferencia entre las partes sobre el tema, a esta hora ya parecen haber llegado a algunos puntos de acuerdo, razón por la cual están avanzando hacia el segundo punto de la agenda.
Aunque los puntos acordados solo se conocerán al final del proceso, a partir de los pronunciamientos del Gobierno y de las Farc, se puede intuir en qué puntos pudo haberse alcanzado un acuerdo y en qué otros puntos puede seguir habiendo desacuerdos.
LOS PUNTOS DEL ACUERDO
La política de desarrollo agrario integral que se discute en La Habana tiene varios puntos que deben acordarse y conciliarse entre las dos partes del proceso. El primero de ellos es sobre el acceso y uso de la tierra para los campesinos, que contempla el uso de los terrenos improductivos, ya sean de privados o del Estado, para ser otorgados al campesinado pobre.
Esto también implica la formalización de la propiedad para los campesinos que ocupan tierras no tituladas, que llevan varios años viviendo en ellas y cuya vida depende de lo que ésta produzca. Se habla de poner fronteras agrícolas para que no invadan zonas de reserva natural y para que esas tierras no puedan ser otorgadas a compañías para otro tipo de explotación.
Según León Valencia, director de la fundación Nuevo Arco Íris, esto es de suma importancia porque “el problema de Colombia es que aquí hay una concentración de la tierra pavorosa” (Lea más sobre los diálogos de paz).
De hecho, según cifras de Fedegan, en 2012 había cerca de 39 millones de hectáreas en tierras destinadas a la ganadería, lo que para Valencia equivale a una res por cada dos hectáreas.
"Es necesario hacer una redistribución de tierras y entregarlas a la población campesina que produce la gran mayoría de alimentos del país, todos los lotes baldíos que no sean productivos en la actualidad. Adicionalmente, es necesario impulsar la microagricultura a través del desarrollo tecnológico”, dice el experto.
Sobre este punto, la opinión del sector uribista no difiere mucho de la propuesta de negociación. Lo único que aclara es que “es necesario establecer la agricultura minifundista para que se pueda conformarla como una microempresa, que se integre a los grandes proyectos productivos del campo”.
Otro punto sobre el cual parece ya haber un acuerdo, es el que se refiere a la formalización del trabajo de la población del campo. Según León Valencia, “en Colombia hay sitios donde los trabajadores campesinos viven sin prestaciones sociales, como si fueran esclavos”. Como ejemplo de ello, citó a los ingenios azucareros del occidente del país “donde los cortadores de caña trabajan mediante cooperativas de trabajo asociado que burlan todas las consideraciones de ley”.
De acuerdo con Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz, esto se tiene que cumplir porque “el derecho laboral colombiano protege a los trabajadores agrarios tanto como a los urbanos. El acceso a prestaciones sociales como salud y pensión debe ser el mismo para todos”.
Por esta razón, Valencia afirmó que “ahora es responsabilidad del Estado dar la batalla contra la informalidad del trabajo y la ilegalidad de los 'patrones'”. Valencia agregó que para evitar esta informalidad es necesario promover las asociaciones y sindicatos de campesinos y trabajadores agrarios, como se propone en otro de los puntos de la negociación de la política agraria.
Según Alejo Vargas, normas para garantizar esta asociación ya han sido propuestas antes en el país, a principios de siglo con Alfonso López Pumarejo, y posteriormente Carlos Lleras Restrepo, durante el Frente Nacional. Para él estas son formas propias de organización para pequeños campesinos y trabajadores agrarios y por eso cree “que el Estado tiene que mejorar para garantizarles la seguridad”.
En este sentido, una de las propuestas del Gobierno, y en la cual parece también haber consenso, es que es necesario dar más visibilidad a líderes campesinos y comunitarios. Según León Valencia no basta con eso, si no que es necesario perseguir a quienes atentan contra ellos. “Recientemente el Presidente declaró a quienes atentan contra estas personas 'objetivos de alta prioridad', y eso ayuda a brindar garantías”, afirmó. Para él “es necesario que el Estado los persiga con todo su accionar y los someta a la justicia”.
TEMAS CON MAYOR DESACUERDO
Otra forma de brindar esta seguridad a los campesinos es a través de las denominadas Zonas de Reserva Campesina, sobre las cuales los negociadores de la guerrilla piden mayor autonomía. Estas zonas, según explicó Vargas, “fueron creadas en 1994 con el fin de que haya cierta protección sobre la propiedad de la tierra para pequeños productores campesinos de algunas zonas del país”.
Sin embargo, sobre este punto siempre ha habido disparidad entre las dos partes negociadoras, dado que mientras la guerrilla solicita que a estas zonas se les conceda el autogobierno y más autonomía, el Gobierno y otros sectores se oponen a la creación de lo que llaman “republiquetas independientes”.
Como lo afirmó José Obdulio Gaviria en su Twitter, cuando la discusión estuvo en furor, “no se pueden admitir zonas de este tipo porque son focos de fortalecimiento del terrorismo”. El Gobierno parece coincidir con esto y ha dicho que las ZRC no serán "repúblicas independientes", sino que contarán con la presencia del Estado para dar todas las garantías a los campesinos.
Sin embargo, para León Valencia esta exigencia de las Farc no es tan fuerte. En su opinión, las Farc están negociando “y cuando uno negocia siempre empieza por la propuesta más dura, para luego llegar a un acuerdo intermedio”. Agregó que esta autonomía como está planteada “es muy peligrosa para la guerrilla porque si ésta se desarma y rechaza la intervención armada del Estado, estas zonas van a quedar vulnerables contra la delincuencia común y el narcotráfico”.
Otro de los puntos de discordia se da en torno a la forma en que se aplicarán los acuerdos que se alcancen. Mientras el Gobierno dice que ya hay un marco legal y constitucional para cumplir con los acuerdos, la guerrilla dice que para ello se necesita toda una Asamblea Nacional Constituyente.
León Valencia afirmó que le tiene miedo a esta posibilidad “porque la Constitución de 1991 fue un gran avance político de nuestro país, es una Constitución muy progresista”. El analista dice que si se convoca una Constituyente “es posible que las fuerzas de extrema derecha o izquierda generen un retroceso político en el país”.
Algo similar dijo Alejo Vargas, quien recordó que “el Gobierno nacional ha dispuesto que, una vez se firme el acuerdo, este debe ir a una refrendación popular”.
Ambos observadores coinciden en que la refrendación de los acuerdos puede hacerse a través de un referendo, una consulta popular o la disposición de leyes o reformas constitucionales por parte del Congreso.
“Todo esto es algo que habrá que pensar en el futuro, cuando los acuerdos se hayan concretado. Por eso, en el momento en que se firme hay que escoger cuál es el camino más saludable para implementar las reformas”, concluyó el profesor Vargas.
¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DE LA AGENDA?
Luego de discutir el tema agrario, el segundo de la agenda se da en torno a la participación política de los actores armados del conflicto que se hayan desmovilizado tras el acuerdo, así como una participación más activa de sectores excluidos como las comunidades campesinas e indígenas.
Después de esto, llegaría el cese del conflicto armado, con lo que se revisaría la situación de las personas que pagan prisión que hacen parte de las Farc. Luego se pasaría a discutir cómo manejar los cultivos ilícitos, así como una Comisión de la Verdad para reivindicar a las víctimas.
Finalmente se firmaría el acuerdo de paz, no sin antes hacer un debido seguimiento a que las partes estén cumpliendo con los compromisos hechos durante el diálogo.