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Reportan el secuestro de 13 personas en Cumbitara, Nariño

El alcalde de Cumbitara (Nariño), Carlos Rodríguez, reportó el secuestro de trece personas y el asesinato de otras dos en ese municipio. 

“En la vereda Pesquería, en límites con Magüi Payán, tenemos conocimiento de que fueron asesinados dos civiles y más o menos trece personas fueron privadas de su libertad”, dijo el mandatario local a Caracol Radio.

Las personas habrían sido sacadas del área rural por ‘Los Rastrojos’ según denunció la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con información allegada a la entidad, hombres armados que usaban uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares llegaron a la vereda en dos lanchas por el río Patía, hacia las 12:30 a.m. del 12 de septiembre de 2011. Allí reunieron a la comunidad, que se encontraba en una celebración de carácter deportivo y cultural y luego de identificarlos, asesinaron a Daniel García, agricultor de 19 años de edad, y a Harrison (si más identificación), de 32 años, cuyos cuerpos fueron desmembrados y lanzados al río Patía.

Posteriormente secuestraron y trasladaron al corregimiento de Sánchez (Cumbitara) a un grupo de trece personas, entre ellos nueve motoristas de lancha que se identifican como Weibar Cisneros, de 18 años de edad; Neftalí Ortiz, de 30 años; Alonso Patiño, de 43 años; Jhony Esterilla, de 36 años; Libardo Mosquera, de 40 años; Jorge Meza, de 37 años; Pablo Barrera, de 38 años; Israel Ordóñez, de 35 años, y a Édgar Mosquera, de 50 años. Además, al administrador del bar, Efraín Arsuza, de 29 años de edad, y a tres trabajadoras sexuales, no identificadas.

La Defensoría del Pueblo señaló que miembros de Los Rastrojos se han concentrado en los corregimientos que se  interconectan con la cabecera municipal de Cumbitara, “señalando y estigmatizando a los habitantes de esa comunidad, restringiendo su movilidad y ejerciendo control a las labores cotidianas. Además, cobran extorsiones a servidores públicos, comerciantes, cultivadores de hoja de coca, docentes, finqueros y personas dedicadas a la minería y controlan los negocios o casas de lenocinio, mediante la imposición de tarifas a las trabajadoras sexuales”.

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, rechazó el hecho y solicitó a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) que convoque una reunión de seguimiento a las recomendaciones que ha formulado la entidad, para así evaluar las medidas implementadas para prevenir violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

De igual manera, Pérez recomendó a la Fuerza Pública fortalecer las medidas de seguridad en la zona de la cordillera de Nariño, para evitar hechos como estos.



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