El fiscal segundo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Germán Pabón, precisó este jueves que Manuel, Miguel y Guido Nule, en sus cargos como administradores y directores del Grupo Nule, participaron en diferentes irregularidades para obtener contratos viales en Bogotá, entre ellos; la fase III de Transmilenio.
Esas afirmaciones podrían llevar a los Nule, en juicio en Bogotá, a pagar una pena de prisión que oscila entre los 10 y los 30 años como autores y coautores en los delitos de concierto para delinquir, cohecho, peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento privado, señalados por la Fiscalía.
Según el representante del ente investigador, durante los años 2007 y 2009 los representantes del Grupo Nule recibieron anticipos superiores a los 85 mil millones de pesos que fueron entregados por la administración capital, a ocho empresas, cuyo fin era desarrollar proyectos de obras viales.
A través de la Unión Temporal GTM, agregó el fiscal, obtuvieron el convenio para el mantenimiento de la maya vial del suroccidente de Bogotá, en un contrato que superó los 87 mil millones de pesos, más las adiciones posteriores de 938 millones de pesos.
Los Nule, a través de otro grupo de empresas de su propiedad, habrían celebrado un nuevo contrato para el mantenimiento de la maya vial, cuyo valor -se dice- superó los 100 mil millones de pesos, esta vez mediante la unión temporal, Vías de Bogotá.
Al respecto, el ente acusador reveló que el representante legal de la firma interventora de ese convenio era Mauricio Galofre; es decir, el mismo contratista beneficiado con la concesión.
Sin embargo, según el fiscal delegado, en muchas oportunidades estos anticipos no fueron invertidos en ninguno de los proyectos pactados, lo que produjo un retraso importante en las obras, llevando así a Bogotá a un caos por los problemas de movilidad. Por este hecho el representante del grupo Nule habría incurrido en el delito de peculado por apropiación.
De la misma manera, la Fiscalía consideró que para conseguir algunos contratos se le pagaron dádivas a Inocencio Meléndez, quien fungía como subdirector técnico del IDU a quien le encargaron la mediación ante la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Liliana Pardo, y otras personas. La idea era que les fueran entregados dichos contratos por lo que incurrió en el delito de cohecho.
Acto seguido, indicó que dentro de sus ocho empresas los Nule se hacían préstamos con dineros del Distrito lo que representa una irregularidad y “una clara ilegalidad”, dijo el fiscal y explicó además “que se hacían préstamos entre sí”, dijo y añadió “eso se puede soportar en los registros de las juntas de socios: Guido, Manuel y Miguel Nule, tenían manejo, dominio y coordinación en la empresa que ejecutó los contratos”.
Para la adjudicación de uno de los contratos por valor de 44 mil millones de pesos; Miguel Nule -se dijo durante el primer día de juicio- habría alterado aspectos relacionados con la tecnología y el material que proporcionaría una de sus empresas. Por esto, señaló el fiscal, se configuraría el delito fraude procesal.
Víctimas
Al comienzo de la audiencia de este siete e abril, el juez 14 de control de garantías negó la solicitud de los representantes de los ediles de Bogotá quienes acudieron a la diligencia en busca de que se ser reconocidos como víctimas de los Nule, por el llamado carrusel de las contrataciones.
Al respecto, los considerados afectados señalaron que los Nule son los responsables directos del caos que vive la ciudad, gracias al atraso de las obras viales, lo que –añadieron- perjudicó a todos los ciudadanos.
Ante esto el juez consideró que dicha argumentación no fue bien explicada y documentada. “Fue un concepto general puesto que todos los bogotanos podrían interponer una demanda en contra de los empresarios, lo cual seria improcedente”, señaló el juez.
Los representantes del Grupo Nule llegaron al complejo judicial de Paloquemao, ubicado en el centro de Bogotá, acompañados por 22 agentes del CTI, protegidos por chalecos antibalas.
Colombia
Representantes de Grupo Nule pagarían entre 10 y 30 años de prisión
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