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Restitución de tierras: oportunidad para recuperar esperanzas

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Una historia como la de los Salabarría no es fácil de escuchar, menos de contar. Las múltiples presiones a las que se han visto sometidos los cerca de 30 miembros de esta familia cordobesa son suficientes para ser considerados víctimas de la violencia que ha azotado durante décadas a Colombia.

Hace 22 años un grupo armado los expulsó de su tierra. Era noviembre de 1991, las autodefensas de Córdoba les arrebataron sus propiedades, ubicadas en zona rural de Montería. En aquella época,  Emiro José, cabeza de la familia, tenía en su poder, aproximadamente 110 hectáreas y más de 100 cabezas de ganado. Esta sería la herencia de sus hijos. Estos, sus preciados bienes, les fueron arrebatados por el grupo armado ilegal.

Pero no fue suficiente con el despojo, pues posterior a la expulsión los Salabarría se refugiaron en varios municipios de la región de donde también tuvieron que salir huyendo por las constantes amenazas del paramilitarismo.

Más tarde, cuando decidieron regresar al lugar que legalmente les pertenecía se encontraron con que otros campesinos habían tomado posesión de sus tierras. Por esto instituciones como el Incoder, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía tuvieron que intervenir para determinar a quién le pertenecía legal y justamente el predio.

Todos los problemas a los que se enfrentó esta familia para recuperar sus bienes, parecería que tienen semejanza con la dificultad que ha tenido el Estado para lograr que las víctimas del conflicto sean restituidas.

Del viacrucis a la esperanza

Con la ley de Justicia y Paz se creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) que pretende facilitar los procesos de reincorporación a la vida civil de los miembros de grupos armados al margen de la ley y a la vez garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

De acuerdo con la CNRR,

el caso de la familia Salabarría fue asumido por la Comisión en 2007 cuando tuvieron conocimiento de las amenazas en su contra y “con base en procesos de caducidad, sucesión y adjudicación de predios en los que actuó el Incoder y el Ministerio de Agricultura, hoy la familia puede retornar a dos de las parcelas que les fueron  arrebatadas en 1991”.

Sólo de esa manera, los Salabarría retornarán en los próximos días a su tierra; claro, en compañía de miembros de la Fuerza Pública. En esta oportunidad contarán con la certeza que tener proyectos de sostenibilidad agropecuaria y productiva para mejorar su calidad de vida.

A recuperar lo que les pertenece

En este camino el próximo martes, 24 de mayo, la CNRR realizará la entrega y presentación oficial del Programa de Restitución de Bienes, al Gobierno Nacional. Este programa pretende restituir los bienes inmuebles a las víctimas afectadas por el conflicto interno, a partir de 1980, por flagelos como el desplazamiento forzado.

De acuerdo con la comisionada de la CNRR, Patricia Buriticá, el objetivo del programa sea decretado como una política pública que permita garantizar la restitución de bienes inmuebles y así compensar con dinero las víctimas del desplazamiento, abandono y despojo.

“El programa define una serie de medidas y acciones que deben emprenderse con las víctimas en su proceso de restitución. Asimismo, integra medidas que tienen que ver con el reestablecimiento económico de las personas que retornan a sus tierras. La idea es lograr que los predios y bienes sean totalmente saneados y dejados sin deudas”, afirma Buriticá.

Según explicó la comisionada se espera que este programa acompañe todas las acciones y leyes que ejecutará el Estado para reparar las personas afectadas por la violencia, entre esas la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a la cual tan sólo le falta un debate en el Senado de la República para pasar a sanción presidencial.

“Yo creo que a partir del próximo año, se adoptarán las medidas propuestas en el programa. A la víctima se le aprobará la restitución del bien a través de un proceso jurídico que tardaría, más o menos, tres meses; sin embargo, para que la víctima tenga un proyecto productivo y garantías de seguridad, se puede demorar casi seis”.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura sería la institución encargada de recibir las reclamaciones de las víctimas, y así mismo de analizar los casos para realizar las entregas de tierras respectivas.

Además, se establecería una Unidad de Restitución de Bienes que contaría con el apoyo del Ministerio del Interior, de la Defensoría del Pueblo y del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder).

“Todo el acompañamiento que se hará a las víctimas tiene que ver también con la participación de ellas en la toma de decisiones, es decir, si ellas van a decidir retornar, o si prefieren establecerse en un lugar diferente”, agregó Buriticá.

¿Y los recursos?

Según el programa, el Estado debe garantizar los recursos necesarios para su implementación. Sin embargo, también será financiado a través de recursos provenientes de los bienes de los grupos armados al margen de la ley.

No obstante, mientras se empiezan a aplicar todos los puntos propuestos en la propuesta la CNRR continuará acompañando a las víctimas en diferentes regiones del país.

Por ahora la familia Salabarría es y seguirá siendo un emblema para el Programa de Restitución de Bienes, que espera acoger a otras familias y personas que aún no han reclamado lo que en algún momento les perteneció.

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