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Restitución de tierras, prioridad del Gobierno

Duros señalamientos contra empresarios y propietarios de tierras fueron hechos por los representantes Guillermo Rivera, del Partido Liberal, e Iván Cepeda del Polo Democrático durante el debate sobre desplazamiento y restitución de tierras que se llevó acabo en la noche miércoles en la Plenaria de la Cámara de Representantes.

El primero en hablar fue el representante Guillermo Rivera, del Putumayo. El punto fuerte de su intervención fue cuando denunció que la alta con-centración de tierras se debe a los procesos de testaferrato para la legalización de tierras compradas tras incursiones violentas de actores armados ilegales.
Sin embargo, según lo expuesto en el debate, lo más grave ocurrió entre 2007 y el 2009, cuando “varios empresarios se aprovecharon de la violencia para quedarse con tierra de campesinos y empezaron a ser beneficiarios de políticas de promoción del Agro del gobierno (Álvaro) Uribe como Finagro y AIS” señaló Rivera.
El Congresista reveló que varios ex cabecillas paramilitares no entregaron tierras usurpadas a los legítimos dueños. También puntualizó que hay casos como el de alias de “Macaco”, quien otorgó como bien para reparación a las víctimas la finca Las Margaritas, que tiene un saldo de 160 millones de pe-sos que debía por créditos blandos con el programa Finagro del ministerio de Agricultura. Por esta razón no ha podido ser puesta a orden de los afecta-dos.
Sostuvo que un supuesto empresario de Cúcuta, Jensy Dávila, alias “Ernesto”, pedido en extradición por Estados Unidos, recibió 37.5 millones de pesos dentro del rubro de incentivos por capitalización del controvertido programa Agro Ingreso Seguro.
Y que Jorge Enrique Domínguez, alias “Only”, quien figura en la llamada Lista Clinton, de la zona del Norte del Valle, también recibió 8.5 millones de pesos por los mismos incentivos de capitalización.

Más denuncias
Por su parte el representante del Polo Iván Cepeda, señaló que hay empresarios que compran tierras a bajos precios haciendo que se levanten las or-denes de protección de los dominios de desplazados expedidas por el Ministerio del Interior.
Enunció nombres de compradores como Guillermo Gaviria Echeverri, propietario del periódico El Mundo de Medellín; Álvaro Ignacio Echeverría y William Vélez Sierra, de quienes dijo se apropian de tierras que son de las víctimas.
Propuso un subsidio para las víctimas que salga de las empresas que hayan apoyado a grupos de autodefensas, que los políticos condenados por rela-ciones con ‘paras’ contribuyan a la reparación económica y que se apruebe una ley reformada de extinción de dominio.
Otros dos puntos propuestos por Cepeda fueron no extraditar a jefes paramilitares para consagrar el derecho a la verdad, la justicia y reparación, y que se destinen regalías mineras para compra de tierras y que deben ser entregadas a las víctimas.

“Es vergonzoso”: Vargas
Por su parte el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se enmarcaron en la comprensión de las demandas hechas por los representantes y mostraron voluntad del Gobierno de intervenir en el problema.
Según Vargas Lleras se requiere de una política de restitución de tierras con una orientación muy distinta. “Una política de tierras debe tener un enfoque claro, debe formar administración catastral y definir una política fiscal que dé garantías para las víctimas”.
Otro punto importante que tocó el jefe de la cartera del Interior es la necesidad de una reforma a la justicia en el marco de las leyes que garantizan los derechos de las víctimas.
El Ministro aseguró que lo que ha existido en Colombia ha sido “un proceso abusivo de concentración de la propiedad” y agregó que en cuanto a la extinción de dominio es “vergonzoso” que solo se hayan obtenido 70 mil hectáreas de tierras de los más de dos millones de hectáreas usurpadas. Señaló que uno de los “compromisos” del Gobierno es crear la jurisdicción de extin-ción de dominio.

Embargos
El Fiscal General encargado, Guillermo Mendoza Diago, sostuvo que dentro de las medidas que enmarcan un caso de corrupción, como el de Agro Ingreso Seguro (AIS), no se descarta la posibilidad de embargar y secuestrar los bienes de los procesados.
"Esas son medidas preventivas que existen en todo los casos de corrupción administrativa", sostuvo el Fiscal General.

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