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Rompecabezas del hackeo a Registraduría en elecciones a Congreso

Un hecho que casi le cuesta la cabeza al actual registrador, Carlos Ariel Sánchez, se presentó el 14 de marzo de 2010 cuando, por cuenta de ataques de hackers a la página de la Registraduría, el país por poco se queda sin conocer cuáles eran los resultados electorales.

De haberse logrado el propósito de los hackers, probablemente Colombia no hubiera podido conocer los resultados electorales, hecho que posiblemente hubiera llevado a que las elecciones para elegir el Congreso de la República se hubieran tenido que repetir.

No obstante, la Registraduría logró retrasmitir, a través de los medios de comunicación, la forma como se iban desarrollando las elecciones y días después se determinó que se había tratado de un ataque de hackers, el cuál posteriormente se supo que venía de una dirección IP asignada a la Policía Nacional.

Lo que el país no conoce, y que Colprensa pudo establecer a través de un derecho de petición que reposa en la Fiscalía General de la Nación, es que además del ataque proveniente del referido IP, también participaron IP asignadas al Ministerio de Defensa y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En el documento la defensa de la Registraduría solicita “se ordene allanamiento y toma de evidencias del tráfico de red de la Policía Nacional… del DAS… del Ejército Nacional servidor central, para que se analice, el tráfico existente al día 14 de marzo de 2010” ya que según investigaciones de la firma Adalid al parecer hay IP de allí provenientes.

Vale la pena destacar que la firma Adalid es la única certificada en el país por la Unión Europea para analizar cibercrímenes y evidencias digitales, hecho que hace más fehacientes los análisis de sus investigaciones.

A pesar de que Colprensa intentó obtener una respuesta de las autoridades y del DAS no recibió ninguna. Por su parte, la Policía descartó en su momento que alguno de sus computadores haya sido usado por los hackers que lograron tumbar la página web de la Registraduría en plenas parlamentarias.

Según explicó la Policía -hace unos meses- a los medios de comunicación y tras conocerse de estos hechos, “todos los PC de la Policía (25 mil máquinas de escritorio y unas cinco mil portátiles) figuran con la misma dirección IP, y por eso miles de consultas independientes desde todo el país terminaron registradas como si se hubieran hecho desde un mismo sitio”.

No obstante, no se entiende por qué la Registraduría recibió ese día 17 mil hits (solicitudes de acceso) por segundo desde la Policía. ¿Había acaso un domingo esa cantidad de policías intentando acceder al mismo tiempo a la página de la Registraduría?

Dichos ataques no solo estuvieron encaminados a bloquear la página del órgano electoral para que no se pudieran conocer los resultados electorales, sino además para intentar modificarlos.

Así lo deja ver un informe realizado por la firma de abogados Adalid (firma contratada por la Registraduría para investigar el caso del jaqueo.), en el que se señala que “se evidencian varias cosas, la primera que desde esta dirección IP, se estaban realizando actividades desde el día anterior a las elecciones, buscando en la estructura de directorios que se supone no era de conocimiento público”.

Es decir, la búsqueda de esos directorios estaba encaminada a encontrar el lugar en dónde se hallaban alojados los resultados que minuto a minuto se iban actualizando.

La situación política del país el 14 de marzo

Preocupa aún más el contexto político en el que se desarrollaron los acontecimientos, ya que entre el entonces gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez buscaba sacar adelante el referendo reeleccionista.

Dicha iniciativa había sido cuestionada por el registrador, quien manifestaba que no se podía cumplir con los tiempos necesarios para el despliegue de personal y de material que tendría que realizar el órgano electoral para poder cumplir con la realización de dicho referendo.

De hecho, al día siguiente de realizados los ataques, el entonces ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, citó a una rueda de prensa en donde, palabras más palabras menos, se pedía la cabeza de Sánchez.

Colprensa pudo establecer además que los colombianos por poco se quedan sin conocer qué fue lo que realmente sucedió aquel 14 de marzo, ya que la fiscal encargada de llevar el caso, Luz Esmerida Blandón, estuvo a punto de archivar la investigación porque consideró que “faltaba legitimación por activa en la noticia criminal”, es decir que debió ser el registrador quien instauró la demanda.

La defensa descarta ese argumento y manifiesta que “fue el mismo registrador el que delegó esta función ya ratificada, además de ser un caso de trascendencia nacional, en el que sin duda todos los colombianos fuimos víctimas”.

El informe además señala como preocupante la conducta de Maribel Blandón Orjuela, quien estaba encargada por la firma Jahv Macgregor S.A., de realizar pruebas de vulnerabilidad al sistema de seguridad de la Registraduría. Blando decidió realizar dichas pruebas, que consistían en realizar ataques al sistema para verificar su vulnerabilidad, el mismo día de las elecciones y desde su propia casa.

A la espera de nuevas elecciones para elegir alcaldes y gobernadores poco o nada se ha avanzado en la investigación de lo que sucedió aquel día y el país aún no conoce a los responsables de los ataques a las elecciones.

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