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Santos sancionará Ley de Víctimas en acto con Ban Ki-moon

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En presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el presidente Juan Manuel Santos prevé sancionará este viernes la Ley de Víctimas, un texto calificado como histórico por el mandatario porque es la primera norma en su tipo en el país aquejado por un conflicto armado interno desde décadas. 

El texto, de 208 artículos, será sancionado por Santos en un acto en la casa de gobierno a las 5:30, de acuerdo con la agenda presidencial. 

La ley, aprobada por el Congreso en mayo, es además la primera en Sudamérica que intenta indemnizar a víctimas de un conflicto cuando este aún no ha concluido, según ha dicho Germán Vargas Lleras, ministro del Interior. 

El secretario general de las Naciones Unidas llegará a Colombia en una gira que lo llevará después a Argentina, Uruguay y Brasil. 

Legisladores y funcionarios de gobierno que impulsaron la aprobación de la ley han explicado que la norma tendrá una vigencia de 10 años y puede prorrogarse o sufrir modificaciones al final de ese tiempo. 

Los cálculos sobre cuántas personas serán beneficiadas por la ley se basan en información suministrada por colombianos que se han inscrito en los últimos años ante el registro de víctimas y desplazados que tiene el Gobierno: ya se da cuenta de cuatro millones de personas. 

De acuerdo con el Gobierno, el costo de la ley varía según el número de personas que se inscriban en el llamado “Registro Unico Nacional de Víctimas” --que crea la ley-- y que reclamen reparación económica. 

Pero ya el presidente Santos y legisladores han dicho que calculan al menos unos 20.000 millones de dólares en los próximos 10 años. 

La ley no sólo contempla entregar indemnizaciones sino también devolver y titular tierras a sus legítimos dueños y a quienes se las robaron o las abandonaron por la acción de los grupos armados ilegales. 

El registro de víctimas será manejado por una llamada Unidad Administrativa de Atención y Reparación, que también crea la ley y que se aspira este funcionando en unos seis meses, dijo el senador Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal, que forma parte de la colación en el gobierno de Santos. 

La nueva norma también crea una “Unidad Administrativa Especial de Tierras Despojadas”, agregó Cristo esta semana en una entrevista en su oficina con la AP. 

Pero, ¿cuánto tiempo pasaría para que las personas reciban la indemnización? “En eso hay que ser totalmente claros: Colombia lleva 40 años acumulando víctimas del conflicto. Se calcula que son cuatro millones y esta ley tiene una vigencia de diez años. No todas las víctimas van a tener el año entrante acceso a todas las medidas de reparación. Esto tendrá que ser un proceso gradual”, advirtió Cristo, uno de los principales promotores de la ley. 

El congresista también se refirió a las medidas de seguridad para proteger a los colombianos que retornen a sus tierras. La no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) asegura que desde marzo de 2002 y al 8 de mayo pasado han sido asesinados 49 líderes y personas en situación de desplazamiento que reclaman las restitución de sus terrenos. 

Sólo en lo que va del 2011, según Codhes, son ocho las personas asesinadas. 

“Será el propio Estado el que diga 'no nos vamos a meter allá (en una zona) porque no estamos en condición todavía de asegurarles la integridad a las víctimas y si nos metemos allá es porque estamos en capacidad y desplazamos toda la fuerza del Estado hacia allá'. Lo que es muy importante es que el Estado no le puede poner un escolta a cada víctima, a cada líder de tierra. Eso sería prácticamente imposible. Lo que hay que asegurar son las zonas” de los distintos 32 departamentos colombianos en los que haya restitución de tierra, explicó Cristo. 

El representante a la Cámara y activista, Iván Cepeda, del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo resaltó en diálogo telefónico las dificultades de cumplir con la restitución. 

“Creo que sin atacar seriamente el control de la 'parapolítica', 'paraeconomía' (o lazos del paramilitarismo con el mundo político y económico) y quienes han despojado tierras...pues será muy difícil que se produzcan procesos de restitución de tierras y de reparación”. 

Los desafíos de la aplicación de la ley, tanto en seguridad como en financiamiento, han sido admitidos por el gobierno y las Naciones Unidas, pero también resaltan el paso sin precedentes que da el país al intentar reparar a las víctimas en medio del conflicto. 

El pasado 24 de mayo, cuando la ley fue aprobada por el Senado, el ministro Vargas Lleras aseguró en el Congreso que a diferencia de otras leyes en la región, como en Argentina o Chile, la colombiana fue producto de una “acción unilateral” del Estado o promovida por el Gobierno y no por “una derrota de alguna de las estructuras criminales”, o al final de una dictadura o de un conflicto.

 

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