Colombia


Seguimientos contra Piedad Córdoba y Corte Suprema fueron "legítimos"

COLPRENSA

24 de mayo de 2011 05:13 PM

El abogado Jaime Camacho Flórez, defensor de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado aseguró que cuando su cliente llegó a la dirección del organismo de inteligencia ya se estaban realizando ciertas labores de seguimiento de manera legal en contra de algunas personas que eran consideradas como un peligro para la sociedad.
Según la argumentación del abogado "las labores de inteligencia a Piedad Córdoba venían de antes y a ella le correspondía asumirlas", dijo el abogado, quien expuso las razones por las cuales, según él, María del Pilar Hurtado nunca actuó fuera de la ley.
Según Camacho, de acuerdo a la información recolectada en el proceso se sabía que en 2007 existía “un dato de suma importancia” que indicaba que una “organización criminal estaba infiltrando” a la Corte Suprema de Justicia, por lo que el exsecretario general de la presidencia, Bernardo Moreno le comunicó a la dirección del DAS dichas miedos.
“Ese dato era digno de investigar” precisó el jurista quien expuso la necesidad de emprender una labor de inteligencia “frente a dichas informaciones que ponían en peligro al Alto Tribunal”.
Precisó que las actividades en contra de la entonces senadora Piedad Córdoba y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia “son las actividades más legitimas que se han hecho en la historia de este organismo” apoyándose en las denuncias que se habían registrado con sus presuntos nexos con grupos armados ilegales.
Camacho también dijo, refiriéndose al desayuno al que la Fiscalía hizo referencia durante la imputación y en el que supuestamente se hizo un acuerdo delictivo, que en ese no se habló del periodista Daniel Coronell, ni del excongresista Gustavo Petro.
Al finalizar su intervención el abogado de María del Pilar Hurtado le pidió al magistrado Ramírez que permita que en el juicio contra su defendida "no se use el arma de la detención preventiva”.
A la audiencia no asistió la exdirectora del DAS quien se encuentra en Panamá gozando de un asilo territorial entregado por el presidente de ese país, Ricardo Martinelli, medida ésta que fue defendida por su defensa argumentando que esta era “una decisión legitima de cada Estado y la Fiscalía no puede hacer que se levante. Esto solamente lo puede hacer cada país”.
Procuraduría apoyó medida de aseguramiento
A primera hora de esta audiencia la Procuraduría General de la Nación apoyó la solicitud de medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía en contra de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecretario general de presidencia de la República Bernardo Moreno.
La manifestación se dio dentro del proceso que se adelanta en contra de los dos exfuncionarios por las interceptaciones ilegales del organismo de inteligencia.
El procurador primero para el juzgamiento penal, Jorge González, le solicitó al magistrado Luis Fernando Ramírez, del Tribunal Superior de Bogotá, que avale la medida de aseguramiento contra los dos exfuncionarios al considerar que sus actividades “recubren de una gravedad” y que cumplen con los requisitos normativos. 
En este proceso a María del Pilar Hurtado se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
En el caso del exsecretario general de Presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe, el ente acusador le imputó tres delitos: concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Moreno no se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía.
Los dos exfuncionarios son investigados por su presunta responsabilidad en dar órdenes para que se hicieran seguimientos e interceptaciones ilegales perpetuadas desde el DAS contra magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de oposición.
María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno ya fueron destituidos e inhabilitados por la Procuraduría por 18 años para ejercer funciones públicas por su responsabilidad en el escándalo de las ‘chuzadas’.

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